El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado formalmente a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que le detalle qué personas “sin titulación superior” han firmado pliegos técnicos de contratación, con el objetivo de determinar si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pudo cometer intrusismo profesional al suscribir ese tipo de documentos.
De acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado al frente del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha requerido a la Escuela de Gobierno de la UCM que, “a la mayor brevedad posible”, elabore y remita un informe específico sobre esta cuestión.
En dicha petición, Peinado reclama que se identifique a las personas que, “careciendo de la titulación académica superior, han suscrito cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos de servicios, suministros u obras públicas”. Con ello pretende disponer de un marco comparativo para valorar la actuación de Gómez.
Paralelamente, el magistrado reitera su requerimiento a la Asociación Española de Abogados del Estado para que emita un informe en el que se detallen las “cualificaciones académicas y titulación exigibles” para la elaboración de pliegos, según consta en un auto al que también ha tenido acceso esta agencia.
Peinado considera “necesario” contar con ese dictamen técnico a fin de “determinar si la firma del pliego de condiciones técnicas se precisa algún tipo de cualificación necesaria, y así determinar la participación de la investigada Gómez en el delito de intrusismo o, por el contrario, que su participación en los hechos investigados no es constitutivo de delito”. El análisis jurídico servirá para encuadrar penalmente la intervención de la esposa del jefe del Ejecutivo.
El instructor trata así de despejar si la esposa de Pedro Sánchez incurrió en un posible delito de intrusismo al rubricar pliegos técnicos de contratación vinculados a patrocinadores de la cátedra que codirigía en la UCM. Estos documentos formaban parte de los procedimientos de selección de empresas colaboradoras.
Durante la instrucción, la defensa de Gómez ha insistido en que la firma de esos pliegos respondió a indicaciones expresas de la propia Universidad Complutense, subrayando que actuó siguiendo instrucciones institucionales y desvinculándose de cualquier conducta irregular.
Pedir pruebas “no es un derecho ilimitado”
En otro auto, igualmente incorporado a la causa, el juez vuelve a rechazar la petición de la acusación popular para citar como testigo al empresario y presunto conseguidor del “caso Koldo”, Víctor de Aldama, en el marco de estas diligencias.
El magistrado recuerda que la solicitud pretendía que Aldama declarase sobre la cátedra dirigida por Gómez. No obstante, subraya que “no se conoce” a Aldama “ninguna relación con la cátedra, ni con la Universidad Complutense, ni con los patrocinadores de la cátedra ni con las empresas” de Juan Carlos Barrabés, igualmente investigado en esta causa, por lo que descarta su utilidad probatoria.
En su resolución, Peinado advierte de que “el derecho de las partes a solicitar diligencias de prueba no es un derecho ilimitado”. Añade que “y el resultado de la prueba propuesta no se considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, cerrando así la puerta, por el momento, a la comparecencia de Aldama.
Actualmente, el juez mantiene la investigación sobre Begoña Gómez por cinco presuntos delitos: además de intrusismo, le imputa tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación, delitos que siguen bajo análisis en la fase de instrucción.