Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno para ser la próxima fiscal general del Estado, ha instado al Congreso este jueves a dar luz verde a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que transferiría a los fiscales las responsabilidades de las investigaciones penales. No obstante, ha exigido más autonomía y un aumento de plazas para enfrentar esta reforma. ‘Aspiramos a más’, ha enfatizado.
Peramato ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Comisión de Justicia, que evalúa si posee los méritos y la adecuación necesaria para dirigir el Ministerio Público. Es relevante recordar que García Ortiz renunció a este cargo después de ser inhabilitado por dos años debido a un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
‘Quiero hacer desde aquí un público llamamiento al consenso parlamentario, para que este hito histórico, esta norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal, sea aprobada desde el diálogo y el acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española’, ha declarado.
La reforma, aún en proceso de tramitación parlamentaria, propone que los fiscales asuman las investigaciones penales que actualmente están a cargo de los jueces de instrucción. Peramato ha subrayado que este cambio de modelo procesal debe ir acompañado de un refuerzo de la normativa que regula el Ministerio Fiscal, asegurando su autonomía e independencia en diversos ámbitos como el organizativo, funcional, presupuestario, formativo y digital.
Ha afirmado su compromiso de fortalecer la ‘autonomía individual de las y los fiscales’ mediante una mayor claridad, uniformidad y transparencia en los procedimientos internos de la Fiscalía si llega a liderarla.
‘Otra reflexión que no por poco novedosa resulta menos perentoria es la de la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, que sin duda debe tener el reflejo en el personal auxiliar de las Fiscalías’, ha señalado.
Peramato ha resaltado que el ‘déficit estructural de medios personales’ se agrava con las ‘crecientes funciones’ que las recientes legislaciones asignan al Ministerio Fiscal, especialmente con la inminente implementación del nuevo modelo procesal que sugiere una adaptación progresiva de las plantillas y medios de apoyo.
Además, ha mencionado la tramitación de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que ya ‘apunta importantes mejoras’ en términos de autonomía. Ha destacado la nueva normativa que busca desvincular el mandato del fiscal general del gobierno que lo nombra; impulsar mayor transparencia en las comunicaciones con el Ejecutivo; y limitar la imposición de sanciones a la figura del fiscal general del Estado, excluyéndolas del ámbito del Ministerio de Justicia.
Peramato ha reconocido que estas son ‘importantes mejoras’. ‘Pero aún aspiramos a más’, ha concluido, refiriéndose a la reconversión en 2024 de 219 plazas de abogado fiscal a fiscal de segunda categoría, lo que considera un ‘importante reequilibrio entre categorías’.
‘Reconocemos al Ministerio de Justicia este esfuerzo, pero –sin duda– sigue siendo insuficiente para paliar el déficit estructural con el que nos encontramos’, ha manifestado.