Pere Rusiñol, periodista implicado en el ‘caso Leire Díez’, ha declarado ante el magistrado negando haber actuado como intermediario para entregar un supuesto soborno al fiscal anticorrupción José Grinda, proveniente de una exafiliada socialista acusada de intentar obtener información confidencial de jueces y fiscales a cambio de favores.
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Europa Press, Rusiñol admitió haber llevado un documento en una reunión el 27 de febrero con el fiscal, alegando que su propósito era verificar datos en su rol de periodista.
El periodista se presentó a declarar este martes aunque inicialmente su comparecencia había sido aplazada al 17 de noviembre, esperando la entrega de documentos comprometidos por el fiscal acusador, Ignacio Stampa. El interrogatorio se llevó a cabo en los juzgados de Plaza de Castilla por el juez Arturo Zamarriego.
Jacobo Teijelo, abogado defensor en casos relacionados y testigo en este, se acogió al secreto profesional y no respondió durante su declaración. Durante su intervención, se mencionó una querella en su contra interpuesta por Vox, pendiente de resolución.
Varios periodistas testificaron corroborando informaciones sobre Díez, con uno de ellos mencionando que la exmilitante les ofreció un vídeo comprometedor de Grinda. Otro periodista denunció presiones de la presunta trama a través de terceros.
La asociación Hazte Oír, parte de la acusación popular, ha solicitado la imputación de Santos Cerdán, mencionado en comunicaciones entre el empresario Luis del Rivero y el fiscal Stampa, y pide la declaración de varias figuras políticas y de seguridad como testigos.
“ES EL 1 QUIEN DECIDE”
Según documentos aportados por Stampa, Del Rivero comunicó a Grinda que la reunión con Díez fue organizada por Cerdán «en nombre del Gobierno», expresando: “Es el 1 quien decide”.
El juez investiga a Díez como posible líder de una acción delictiva que busca influir en investigaciones importantes, lo que implicaría tráfico de influencias y cohecho, según las acusaciones.
El caso se origina de denuncias contra Díez tras la divulgación de un audio donde se le escucha ofreciendo favores a cambio de información sensible. Las denuncias de Stampa y Grinda, quienes denunciaron intentos de soborno, se han añadido a la causa.