El empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el denominado 'caso Leire Díez', ha solicitado al magistrado instructor que no permita que se personen como acusación particular el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa sostiene que ninguno de los tres reúne la condición de “perjudicado” en el procedimiento, en el que se analizan supuestos ofrecimientos de favores en el ámbito judicial a cambio de información sensible sobre mandos de la UCO, entre ellos Balas, así como sobre la Fiscalía Anticorrupción.
Pérez Dolset se alinea con el criterio de la Fiscalía al oponerse a la personación de Ábalos y de Koldo, al considerar que en esta causa no se investigan hechos que les afecten directamente, sino “más allá de meras referencias de soslayo aparecidas en medios de comunicación y en la declaración de Rubén Villalba”, comandante de la Guardia Civil.
Del mismo modo, el empresario reclama al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que atienda el recurso de Leire Díez y deje sin efecto la personación ya acordada del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y del magistrado jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
“Por entender que a la recurrente le asiste la razón cuando se opone a la admisión de las referidas personaciones por no concurrir en ninguno de las acusaciones una verdadera condición de perjudicado”, argumenta la defensa en su escrito.
Asimismo, Pérez Dolset rechaza que se ofrezca la posibilidad de personarse al teniente coronel de la UCO, reiterando que “no es perjudicado”. “Y desde luego sería la única persona en España que no se ha enterado de las menciones en prensa que le afectan, no constando que haya formulado denuncia alguna”, añade.
En relación con una posible declaración de Balas en sede judicial, el empresario mantiene que “nada puede aportar a los hechos pues no tiene conocimiento directo de los mismos, más allá”, insiste, “de las menciones en prensa que de él se han hecho”.
El juez Arturo Zamarriego mantiene imputada a Díez como presunta dirigente de una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto a Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, dirigida a “recabar información comprometida o irregular” sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular o malbaratar” sus pesquisas en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”, hechos que se encuadrarían en posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho.