El juez Ángel Hurtado del Tribunal Supremo ha otorgado un plazo de tres días a las acusaciones en el proceso contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para que ajusten sus escritos de acusación, después de que la Sala de Apelación retirara del caso a Pilar Rodríguez, quien era la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Este lunes, mediante una providencia, el magistrado instructor solicitó a las partes realizar dichas modificaciones tras ‘las modificaciones’ que se hicieron ‘con ocasión de la estimación parcial del recurso de apelación’ presentado por Rodríguez.
La decisión de archivar la causa contra la fiscal jefa provincial fue tomada por unanimidad el pasado 29 de julio por la Sala de Apelación. Esta instancia judicial liberó a Rodríguez al concluir que debía informar al fiscal general del Estado sobre las investigaciones de delitos fiscales contra Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso.
Los jueces Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar enfatizaron que la acción de informar era ‘un acto neutral y no evidencia por sí mismo riesgo alguno para el bien jurídico protegido por el delito investigado, salvo cuando se acompañe de otros elementos que evidencien la voluntad de concierto con los autores de la revelación de secretos’, situación que, en su opinión, no se dio en este evento.
‘Nada de irregular advertimos en la petición de documentación del fiscal general del Estado y en su cumplimiento por la investigada’, declararon los magistrados de la Sala de Apelación.
Es importante recordar que Hurtado terminó ocho meses de investigación iniciados tras la causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) debido a una nota de prensa emitida el 14 de marzo de 2024 a las 10:20, para desmentir lo que se consideraba un bulo, en referencia a lo publicado la noche anterior por ‘El Mundo’, que mencionaba una oferta de pacto a González Amador. Rodríguez fue exonerada, pero en el mismo fallo, la Sala de Apelación respaldó la decisión de Hurtado de procesar al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, por el cual las acusaciones solicitan hasta 6 años de cárcel.