Podemos acusa al Ministerio de Economía de incumplir medidas internacionales al no suspender el comercio de armas con Israel

Podemos denuncia al Ministerio de Economía por no interrumpir el comercio de armas con Israel, incumpliendo con directrices internacionales.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

La formación política Podemos ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, acusándolo de prevaricación administrativa por omisión. Alegan que el ministerio no ha cesado el comercio armamentístico con Israel, ni ha evitado el tránsito de material militar a través de España, a pesar de las medidas cautelares establecidas por entidades internacionales.

Podemos argumenta que el Ministerio ha mostrado una ‘inacción deliberada y arbitraria’ al ignorar un requerimiento enviado en febrero de 2024, donde se solicitaba revocar todas las autorizaciones de comercio de armas con Israel, siguiendo declaraciones de la Corte Penal Internacional y la ONU.

La formación sostiene que, al no responder explícitamente a esta petición, el Ministerio ha aceptado tácitamente la solicitud, debido a que el silencio administrativo se interpreta positivamente, según ha reconocido el propio ministerio en septiembre de 2024.

‘Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos han calificado la situación en Gaza como crímenes de guerra y posibles actos de genocidio. La inactividad del Ministerio contribuye a la continuación de suministros que participan en la comisión de estos crímenes internacionales’, critica Podemos en su denuncia.

Podemos también ha señalado que, según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, entre octubre de 2023 y abril de 2025, se han formalizado contratos con entidades israelíes por un valor estimado de 1.041 millones de euros. Advierten que esta acción constituye una ‘infracción grave’ y acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener una complicidad con el genocidio al no detener estos tratos.

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