Las acusaciones populares ejercidas por Podemos, Ciudadanos, ACPV y CGT se alinean con el criterio de la magistrada que instruye la causa por la gestión de la devastadora dana —en la que fallecieron 230 personas— y reclaman que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón sea formalmente investigado en el procedimiento.
Podemos ha registrado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV un escrito de alegaciones en el que se adhiere de forma íntegra a la exposición razonada remitida por la jueza instructora.
La formación aprecia “indicios suficientes” para abrir diligencias contra Mazón por una eventual responsabilidad penal. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, avala el análisis de la instructora sobre la posición de garante que ostentaba el 'expresident' en la gestión de la emergencia y señala una posible omisión negligente en las horas más críticas del episodio.
El escrito también apunta a una posible intervención de su entorno en el retraso y la modificación del contenido de la alerta a la población difundida mediante el sistema Es-Alert, un extremo que, según se recoge, “pudo influir en el alcance del resultado mortal y lesivo producido durante la catástrofe”.
Podemos subraya que la “gravedad” de los hechos y la existencia de “múltiples advertencias” previas sobre el riesgo del 29 de octubre “obligan a practicar una investigación completa para determinar todas las responsabilidades”.
A su entender, dar por concluida la investigación respecto de quien ostentaba la máxima responsabilidad institucional sin agotar todas las diligencias “comprometería el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se depuren las eventuales responsabilidades penales derivadas de la gestión de la emergencia”.
La coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha señalado que como acusación popular “siempre” han trabajado para conocer la verdad y que se haga justicia para las víctimas de la dana y para toda la sociedad valenciana. “Esa firme voluntad de conseguir justicia nos lleva ahora a respaldar que el TSJ investigue a Mazón y esperamos que ese tribunal sea diligente”, ha remarcado.
Ciudadanos ha presentado igualmente su propio escrito de alegaciones, en el que sostiene que la responsabilidad penal “no puede atomizarse en cargos intermedios”, en referencia a los dos únicos investigados hasta la fecha: la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su 'exnúmero 2', Emilio Argüeso.
Mazón, “como máxima autoridad de la Generalitat, ostentaba una posición de garante que le obligaba a supervisar y controlar la actuación de sus inferiores, especialmente ante un riesgo mortal previsible”, expone esta parte, que recalca que la estructura jerárquica “implica que el superior no solo puede, sino que debe supervisar las acciones del inferior”.
“Declarar como investigado a Carlos Mazón no se fundamenta en una responsabilidad política, sino en una responsabilidad penal de naturaleza omisiva. Según el artículo 11 del Código Penal, la no evitación de un resultado lesivo (las 230 muertes y los heridos) equivale a su causación cuando existe un deber jurídico específico de actuar”, argumenta.
Cs añade que la posición de garante de Mazón “emana de tres fuentes concurrentes”: por un lado, el Estatuto de Autonomía y la Ley 5/1983, que “sitúan al 'president' como el responsable último del correcto funcionamiento de la Administración Autonómica”.
“En un segundo escalón, --prosigue-- al asumir la dirección de un Gobierno que tiene la competencia exclusiva en emergencias y no activar los mecanismos de protección previstos, el investigado permitió que un riesgo natural (la dana) se transformara en un riesgo mortal descontrolado. Y en un tercer peldaño, al no delegar sus funciones de forma expresa ni declarar la incapacidad para gestionar la crisis, el President reafirmó su posición como “escudo jurídico” de la ciudadanía”.
“El vértice de la pirámide” y la gestión de la alerta
Ciudadanos incide en que no existe una “burbuja de impunidad” para el 'president' mientras el Cecopi está reunido y considera que la cadena de mando administrativa funcionó “como un freno” porque “los subordinados, temerosos o incompetentes, esperaron una validación política que nunca llegó a tiempo porque el vértice de la pirámide estaba ausente”.
“La omisión de la vigilancia debida por parte de Mazón es la causa eficiente de que el sistema de protección civil no reaccionara, convirtiendo una catástrofe natural en un siniestro con responsabilidad penal múltiple”, concluye.
Desde la acusación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) se recalca que Mazón “tuvo cumplido conocimiento de los riesgos previsibles de la presencia de una dana desde las alertas emitidas desde el día 25 de octubre de 2024 y no adoptó ninguna decisión preventiva”. Añaden que el expresident “retrasó por su negligencia, desidia, pasotismo e ineptitud” la emisión de un mensaje de alerta a la población.
En el escrito, consultado por Europa Press, se indica que el resultado catastrófico del 29O era “previsible y evitable, había relación de causalidad entre la ausencia de decisiones relevantes a adoptar por un dirigente como el señor Mazón y la evitación de un importantísimo número de fallecimientos y lesiones graves de la dana que asoló la provincia de Valencia”.
En la misma línea, sostiene que el entonces jefe del Consell tuvo “cumplido conocimiento de la situación de alerta roja en la provincia de Valencia (riesgo para la vida de las personas), a las ocho de la mañana del día 29 de octubre sin adoptar ningún tipo de medida preventiva”.
Asimismo, recuerda que “decidió comparecer ante los medios de comunicación minimizando los efectos de la dana ironizando sobre el fallecimiento de cuatro cabras cuando los medios de comunicación reflejaban la desesperada situación de muchas personas en Utiel - Requena”.
Para esta acusación, Carlos Mazón conocía la alerta hidrológica decretada en los cauces del barranco del Poyo y del río Magro “a las 12.20 horas de esa mañana sin adoptar ni una decisión”. Y sobre el almuerzo que mantuvo aquel día con la periodista Vilaplana en El Ventorro, se afirma que el dirigente autonómico “dio instrucciones para que no se le molestara por los altos cargos de su gobierno al tener un almuerzo privado que empezaba a las 14.30 horas”.
Apoyo de FETAP-CGT y solidez de los indicios
La acusación popular ejercida por FETAP-CGT también respalda el criterio de la magistrada, fruto de “resultado de una instrucción en la que se han practicado numerosas diligencias, se han recabado informes, se han analizado comunicaciones y, fundamentalmente, se ha tomado declaración a víctimas y testigos”. A su juicio, la jueza “ha cumplido escrupulosamente con la doctrina de esta Sala y del Tribunal Supremo, investigando los hechos y, solo al encontrar indicios sólidos, fundados y serios contra el aforado, ha elevado la causa”.
Estos indicios son, según detalla, “plurales”, porque no se apoyan en un único dato, sino en una sucesión de omisiones; “concretos”, dado que se individualiza la conducta de Mazón, “no solo por su cargo, sino por su inacción personal y la falta de ejercicio”; y “racionales”, ya que “la conexión entre la falta de alertas y coordinación y el resultado mortal es lógica y se apoya en el relato de cómo se produjeron los fallecimientos”.
Por ello, la acusación considera que la instrucción en la instancia, en lo relativo a la delimitación de la presunta responsabilidad del aforado Carlos Mazón, “ha alcanzado el punto de madurez necesario”. “Rechazar ahora la competencia supondría contradecir las propias resoluciones de esta Sala, que remitieron la investigación al juez ordinario precisamente para que realizara la labor de acopio de indicios que ahora se presenta”, advierte.