El PP solicita a la Audiencia Nacional excluir al PSOE como acusación popular en el ‘caso Koldo’

La representación del PP, actuando como acusación popular unificada, ha solicitado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el ‘caso Koldo’, que excluya al PSOE de actuar en la misma condición. Esta petición se ha realizado tras la decisión de abrir una pieza separada para indagar sobre los pagos en efectivo realizados por el partido a José Luis Ábalos y a su anterior asesor Koldo García.

En un documento revisado por Europa Press, el PP argumenta que “el PSOE no puede seguir como acusación popular en la presente causa” dado que “supone una contradicción que pueda aparecer como acusación quien es objeto de investigación”. Además, señalan que es “incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal”.

A pesar de que el PP representa a todas las acusaciones populares del ‘caso Koldo’ y que el PSOE sigue siendo parte de estas, “como es obvio, manifiesta su disconformidad con la petición que se formula en el presente escrito”.

Este movimiento por parte de los ‘populares’ llega justo un día después de que el Juzgado Central de Instrucción Número 2 decidiera investigar los pagos en efectivo hechos al exministro y su asesor, siguiendo las directrices del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien había instado a Moreno a indagar en este asunto por posibles irregularidades en el control de dichos pagos.

Las investigaciones en el Tribunal Supremo revelaron que algunos de estos pagos se justificaban como liquidaciones por gastos anticipados en la documentación que el PSOE aportó al caso, mientras que otros no. Posteriormente, Puente tomó testimonio a Mariano Moreno y a Celia Rodríguez, empleados del PSOE responsables de los pagos, cuyas declaraciones mostraron que estos se realizaban simplemente con la entrega de tickets y facturas, sin verificar la legitimidad o la forma en que se cubrían estos gastos reclamados.