El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado este martes que la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz supone “un paso más” dentro de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana.
El magistrado ha solicitado a la Intervención General del Estado (IGAE) la elaboración de un dictamen pericial que recoja, entre otros extremos, un “análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud” y que precise “el daño producido al erario público”.
La actuación judicial se origina a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía, que ponía el foco en posibles fraccionamientos de contratos menores por un total de 235,4 millones de euros, y que dio pie a la apertura de diligencias por parte del juzgado gaditano.
“Tenemos la seguridad y tranquilidad de haber hecho las cosas cumpliendo la Ley”, ha afirmado Sanz ante los periodistas, subrayando que el Ejecutivo andaluz defiende la legalidad de los procedimientos de contratación seguidos en el SAS.
En sus declaraciones, el consejero ha arremetido contra el PSOE por cuestionar los mecanismos de control que “impuso el Gobierno socialista”, reprochándole que, a su juicio, “tienen cero credibilidad”.
Sanz ha recalcado además que la Junta de Andalucía está “siempre dispuesta a dar información” a la justicia y a los ciudadanos, al apuntar que “somos los primeros interesados en aclarar las cosas” en relación con los contratos investigados.