Álvaro Martín, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha aclarado que la cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la ‘pieza política’ en el caso de los ERE fraudulentos «no habla de personas» específicas, sino de «hechos» y «situaciones».
El recién nombrado presidente, que asumió su cargo la semana anterior, explicó en Canal Sur Radio que esta medida adoptada por la Sección Primera busca evitar un «riesgo sistémico de impunidad futura» y proteger los fondos de la UE, alineándose con decisiones recientes del Tribunal Constitucional que anularon condenas a ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Previamente, se solicitó a las partes implicadas en el procedimiento judicial evaluar si el Constitucional había sobrepasado sus límites con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación», cuestionando si se cumplían los estándares internacionales contra la corrupción.
«No hablamos de personas», insistió Martín, sino de un enfoque general sobre «hechos y situaciones». El magistrado pidió paciencia hasta la resolución del TJUE, respetando las decisiones judiciales que se tomen basadas en los hallazgos del tribunal.
En otro contexto, Martín abordó la gestión de las ‘macrocausas’ como el caso ERE, señalando desafíos debido al gran número de investigados que requieren salas de gran capacidad. Propuso un uso más organizado y racional de estas instalaciones y la posibilidad de apoyos adicionales para los magistrados involucrados, para gestionar mejor estos complejos procesos judiciales.