QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
David Morales, líder de la consultora militar UC Global, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz la anulación del proceso judicial en su contra por supuestamente vigilar a Julian Assange, fundador de Wikileaks. La defensa argumenta que hay ‘totales contradicciones entre los escritos de acusación de Assange y el acta de manifestaciones de los testigos protegidos’.
Esta petición se ha formalizado mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, según fuentes de Europa Press. Tanto Morales como Michel Wallemacq, jefe de operaciones de la empresa, y la propia UC Global, encargada de la seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres de 2015 a 2018 durante el asilo de Assange, han recurrido la decisión de Pedraz.
El recurso indica que la acusación se basa en ‘una interpretación sesgada de documentos corporativos de UC Global’ y en ‘supuestas conexiones con agencias estadounidenses sin evidencia documental’. La defensa sostiene que la acusación ‘imputa de forma genérica a UC Global y a los acusados supuestas tareas de ‘espionaje’ sin concretar quién las ordenó, ejecutó o financió’.
‘¿Qué tipo de organización criminal es esta que no tiene ni evidencias de espionaje, ni mandante, ni mandato, ni contraprestación de ningún tipo?’, cuestiona la defensa en el documento, añadiendo que ‘no hay indicios de delito’ en los dispositivos incautados a Morales.
Además, se detallan ‘totales contradicciones’ entre la acusación de Assange y los testimonios, tales como ‘divergencias temporales’, ‘inconsistencias técnicas’ y ‘falta de corroboración’ de archivos audiovisuales sobre Assange, entre otros aspectos.
MORALES, ‘MÁXIMA AUTORIDAD’ DE LA EMPRESA
En la resolución que propuso el juicio, Pedraz describió a UC Global, bajo la dirección del exmilitar Morales, como contratista de Ecuador debido a la ‘sensible situación’ del asilo de Assange, quien es perseguido por EE. UU. por publicar documentos clasificados. El juez decidió procesar a Morales por presunto espionaje durante el asilo de Assange en la embajada, con una petición fiscal de 13 años y 6 meses de prisión. Para Wallemacq, se solicitan tres años y seis meses.
Según los documentos, en 2017 Morales ordenó instalar cámaras que, a diferencia de las anteriores, captaban el audio de las conversaciones ‘confidenciales’ de Assange con su equipo legal y visitas destacadas, incluyendo a Baltasar Garzón, Pablo Iglesias y varios exlíderes latinoamericanos.
