El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes considera que, tras un año en vigor, la Ley de Eficiencia ha permitido celebrar más juicios, incrementar el número de jueces y reducir el volumen de asuntos en trámite, si bien admite la existencia de incidencias “puntuales” que no tienen carácter estructural.
Esta norma supuso la transformación de los antiguos juzgados unipersonales en tribunales de instancia y generalizó la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ámbito civil y mercantil antes de iniciar cualquier procedimiento ante los tribunales.
Fuentes de Justicia destacan que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia cumple su primer año este mes de abril con cifras que “demuestran una reducción de la litigiosidad, un aumento de los juicios celebrados y, por primera vez en la última década, una reducción de los asuntos pendientes”.
De acuerdo con esos datos, gracias a la incorporación de los MASC los asuntos registrados en las jurisdicciones civil y mercantil han caído un 20,4%, mientras que, en el conjunto de órdenes jurisdiccionales —incluidos penal, social y contencioso-administrativo— la litigiosidad se ha reducido un 9,9%.
“Un año después de su entrada en vigor, los asuntos pendientes bajan un 4,5% en Civil y un 0,67% en global. Cabe destacar que la pendencia no bajaba desde 2016 (a excepción del periodo de la pandemia)”, han señalado las mismas fuentes.
Desde el departamento que encabeza Félix Bolaños subrayan que la Ley de Eficiencia, orientada a lograr una justicia “más ágil, eficiente y cercana”, “ha permitido llevar a cabo la mayor creación de plazas de jueces y fiscales en un solo año”, con 700 nuevas plazas.
En este sentido, remarcan que el modelo organizativo introducido por la norma es “más moderno y eficiente”, al suprimir los juzgados atendidos por un único juez y su equipo de funcionarios para reemplazarlos por tribunales de instancia, “órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico”.
“De hecho, de 1 de enero de 2026 a 27 de marzo (antes del periodo vacacional de Semana Santa), las vistas realizadas han aumentado más de un 3% y las vistas señaladas alrededor de un 6%”, han precisado.
SIN DEMORAS NI SUSPENSIONES
Las fuentes consultadas insisten en que la implantación del nuevo esquema “se ha realizado de forma progresiva, avanza sin incidencias estructurales y sin provocar demoras ni suspensiones”.
Al mismo tiempo, reconocen que se han detectado problemas “puntuales”, entre ellos una adaptación desigual por comunidades autónomas o la elevada interinidad de parte del personal funcionario, aunque aseguran que se está actuando para “reducir la temporalidad” mediante procesos de estabilización que califican de “complejos”.
Justicia sostiene que resultaba una “necesidad” modificar la estructura del sistema y recalca que la reforma ha contado con “el consenso de gobiernos anteriores de distintos colores, asociaciones judiciales LAJs, sindicatos de funcionarios, etc”.
El Ministerio destaca además que se han destinado 1.121 millones de euros en esta legislatura para hacer posible la aplicación de la ley: 192 millones para reforzar los medios personales, 850 millones para la digitalización y 79 millones para la adecuación de sedes e instalaciones.
En conjunto, el departamento enfatiza que se trata de “una transformación que moderniza los juzgados diseñados en el siglo XIX y que permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo, aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella e igualar los tiempos de respuesta al ciudadano”.