QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Villafuel, considerada la compañía central investigada en el denominado ‘caso hidrocarburos’, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigos a quienes fueron jefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, con el objetivo de que detallen cómo se tramitó la concesión de la licencia de operador de carburantes.
Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la mercantil pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que llame a declarar como testigos a Marc Isaac Pons, director de gabinete de la que fuera vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y a Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria.
Respecto al primero, Villafuel sostiene que “formaba parte del equipo de la ministra Teresa Ribera” y que habría intervenido “en el proceso de obtención por parte” de la empresa “de la licencia de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos y demás trámites correspondientes”.
En relación con Díaz Bidart, la compañía explica que la solicitud de su testifical tiene como finalidad “aclarar si existió una mediación institucional o un simple trámite administrativo, es decir, si la intervención obedeció a una mera gestión formal del gabinete”.
Además, Villafuel pide al instructor que llame como testigo a María del Mar Delgado, técnica contratada por la empresa para la redacción, supervisión y presentación del proyecto con el que se pretendía obtener la licencia de operadora. En la misma línea, reclama igualmente la declaración de otro técnico implicado en la preparación de la documentación.
Esta batería de diligencias se plantea pocos días después de que el juez encargado de la causa por el presunto fraude en el sector de los hidrocarburos, en la que figura como investigado el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, acordara prorrogar el periodo de investigación judicial hasta junio de 2026.
Cómo funciona el fraude de los hidrocarburos
En uno de los atestados incorporados al procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe el funcionamiento básico de este tipo de fraude, precisando que el esquema arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora acude a los depósitos fiscales —donde se almacena el combustible— para adquirir el producto y, en esa operación, únicamente paga los impuestos especiales, pero no el IVA. De acuerdo con la normativa, la operadora solo debe ingresar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, es decir, cuando lo cobra a las gasolineras que adquieren el carburante a un precio más IVA.
Sobre esta base, el fraude consiste en no ingresar el IVA que se repercute, esto es, el IVA que recibe de las gasolineras, que actúan como minoristas. Y dado que la operadora apenas soporta IVA deducible, las cantidades que debería abonar al fisco son casi la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, ese dinero no se ingresa.
Aunque este es el esquema esencial, la UCO advierte de que, por la presión de los tribunales y de las fuerzas de seguridad, las tramas han ido sofisticando su estructura y su forma de operar, incorporando nuevas sociedades mercantiles interpuestas en la cadena.
El propósito de estas maniobras es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones”, dado que la obtención del título de operador resulta compleja, señalaba la unidad investigadora.
