La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto penas de cárcel por un delito de cohecho continuado al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, al empresario del sector fotovoltaico Antonio Bautista y al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, en la primera pieza del “caso Mediador”.
La resolución judicial, difundida este miércoles, fija para el general, que se hallaba en situación de servicios especiales, y para el empresario, una condena de nueve meses de prisión, mientras que para Navarro Tacoronte establece una pena de cuatro meses y medio.
El juicio tuvo lugar a finales de enero y el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad para los tres procesados al considerar acreditada una trama de sobornos destinada a lograr contratos vinculados a la energía solar en Canarias.
El tribunal da por probado que Bautista fue contactado por Navarro Tacoronte a finales de agosto de 2020 con el objetivo de facilitar la expansión de su empresa en el archipiélago, empezando a organizar reuniones con el general para que Bautista consiguiera “negocios ventajosos y lucrativos contratos”.
Asimismo, la Audiencia recoge que el empresario entregó a Navarro hasta 13.500 euros en efectivo, cantidad que este repartió con Espinosa, y que también asumió los costes de un viaje a Fuerteventura en noviembre de 2020 junto a su pareja extramatrimonial, por un importe superior a 750 euros.
La sentencia subraya que Bautista se aproximó al general debido a su “especial posición” con la finalidad de obtener ventajas, una conducta que se describe como “engrasar la relación” para que, en un contexto de “pronunciada cordialidad”, se pusiera en marcha una “maquinaria administrativa” orientada a favorecer a quien realiza los obsequios.
En esta línea, la reiteración en la entrega de dinero y regalos por parte del empresario al general y a Navarro Tacoronte “permite construir la continuidad delictiva”, argumenta la Audiencia, dado que el general tenía la consideración de funcionario público por su puesto en la FIAPP, organismo dedicado a la cooperación internacional mediante una misión en El Sahel en la que actuaba como director.
Durante la vista oral, el jurado ya consideró corroborado, por la coincidencia temporal entre las extracciones de efectivo, las grabaciones y otras pruebas, que Bautista proporcionaba dinero a Navarro y que este se lo hacía llegar al general, además de constar conversaciones sobre posibles negocios.
La resolución, frente a la que cabe interponer recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), precisa que tanto al general como al empresario se les suspende la ejecución de la pena durante dos años, condicionada a que no vuelvan a delinquir, mientras que se rechaza conceder esa suspensión a Navarro Tacoronte.