La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto la pena de prisión permanente revisable al hombre acusado de asesinar a Manuel López Borrajo, de 89 años, a quien atendía desde 2016 y con quien residía en la vivienda familiar del propio acusado en San Martín de Valdeiglesias.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dicta después del veredicto unánime de culpabilidad del Tribunal del Jurado, que apreció alevosía y la especial vulnerabilidad de la víctima por su avanzada edad y delicado estado de salud, circunstancias que agravan la responsabilidad penal.
Además del delito de asesinato, la sentencia condena al procesado por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar probado que se apoderó de más de 96.000 euros de las cuentas bancarias del fallecido tras darle muerte.
Por estos hechos, el tribunal fija también una pena adicional de cinco años de prisión por el delito patrimonial, junto con una multa, diversas inhabilitaciones y el decomiso de 63.950 euros hallados en el registro de su domicilio.
El fallo declara probado que el 12 de julio de 2023, después de recoger a Manuel López Borrajo del hospital, el acusado inició el viaje de regreso en su coche. Esa misma tarde, ya dentro del vehículo, se produjo una discusión entre ambos y, en ese contexto, el acusado estranguló al anciano ejerciendo una fuerte presión sobre su cuello.
Ataque “inesperado” y víctima indefensa
Los peritos forenses acreditaron una fractura bilateral de las astas tiroideas superiores con hemorragia asociada, lesión compatible con un mecanismo de compresión cervical externa, ya fuera manual o mediante lazo. El tribunal remarca que se trató de un ataque inesperado y sorpresivo.
La víctima, de 89 años, con complexión delgada, graves limitaciones de movilidad y recién salida del hospital, se encontraba en una situación de gran dependencia. Los informes médicos examinados en la vista oral indicaban que tenía serias dificultades para caminar, había sufrido caídas repetidas y necesitaba ayuda continua.
El jurado tuvo por acreditado que la agresión se produjo de forma súbita, aprovechando la relación de confianza generada tras siete años de convivencia y cuidados, lo que dejó al anciano sin capacidad real de reacción o defensa.
Cadáver oculto en un bidón y traslado a una finca
Tras causarle la muerte, el acusado llevó el cuerpo en su vehículo hasta la vivienda que compartían y lo escondió en un trastero del edificio. Introdujo el cadáver en un bidón azul de plástico, lo cubrió con cal para retrasar su descomposición y levantó una estructura de madera a modo de caja para ocultar su contenido. El cuerpo permaneció allí oculto durante más de dos meses.
El 19 de septiembre de 2023, el acusado cargó la caja con el bidón en otro coche de su propiedad y se desplazó hasta una finca situada en el paraje Zarramudo, en el término municipal de Sotillo de la Adrada (Ávila), con la finalidad de deshacerse del cadáver. Esa misma noche fue localizado por la Guardia Civil dentro de la parcela.
Al día siguiente, en presencia de la comisión judicial, se procedió a abrir el vehículo y al levantamiento del cadáver, que apareció en posición fetal dentro del bidón y cubierto con cal.
La sentencia resalta que, en el momento de ser interceptado, el acusado manifestó de forma espontánea a uno de los agentes que había hecho “cosas muy malas” y admitió haber estrangulado al anciano tras una discusión a la salida del hospital.
Apropiación del dinero de la víctima
El relato de hechos probados recoge también que, una vez fallecido Manuel López Borrajo, el acusado realizó numerosas operaciones bancarias con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito.
Entre el 24 de julio y el 28 de agosto de 2023 efectuó cuatro transferencias desde una cuenta del BBVA a nombre de la víctima hacia otra de su titularidad, por un total de 39.300 euros. Asimismo, llevó a cabo 68 extracciones de efectivo entre el 12 de julio y el 15 de septiembre por un importe global de 56.800 euros, además de dos cargos adicionales en otra cuenta de Caixabank por 630 euros.
En el registro realizado el 21 de septiembre en el domicilio del acusado se encontraron 63.950 euros en una caja metálica, cantidad que el tribunal vincula directamente con las operaciones bancarias efectuadas tras la muerte del anciano.
La resolución subraya que el acusado tenía en su poder las tarjetas físicas de la víctima y conocía sus claves de seguridad, lo que facilitó la realización masiva de reintegros de efectivo en las semanas posteriores al fallecimiento.