El Gobierno ha iniciado el procedimiento para nombrar a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, sucediendo a Álvaro García Ortiz. Este proceso se completará una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita un informe, que aunque no es vinculante, es crucial, y posteriormente sea evaluada por la Comisión de Justicia del Congreso, que carece de poder para vetar la elección.
Teresa Peramato, con una trayectoria de 35 años en la fiscalía y destacada por su lucha contra la violencia de género y su perfil progresista, fue seleccionada un día después de que García Ortiz dejara el cargo, siguiendo una condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, había anunciado que el próximo fiscal general sería una persona con una sólida carrera profesional y capacidad jurídica, conforme establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
El EOMF también prohíbe que se proponga para el cargo a personas que hayan ocupado ciertos cargos políticos o legislativos en los cinco años previos. Esta normativa se reforzó tras la controversia generada en 2020 con la designación de Dolores Delgado. Desde el PP, han pedido que el nuevo fiscal general tenga el respaldo del CGPJ y más de 20 años de experiencia jurídica, en lugar de los 15 años actualmente requeridos.
Yolanda Díaz y Bolaños han criticado las propuestas del PP, asegurando que el Gobierno simplemente sigue la ley sin añadir requisitos adicionales. No obstante, la designación oficial de Peramato no se hará efectiva hasta que no se reciba el informe del CGPJ y se realice la comparecencia en el Congreso, donde prestará juramento ante el Rey y asumirá su cargo en el Tribunal Supremo para un período de cuatro años, salvo en circunstancias específicas que justifiquen su cese anticipado.