QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde el próximo lunes, el Tribunal Supremo, ubicado en la Sala de lo Penal, se encargará de juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos. Este tribunal ha sido escenario de eventos significativos, desde el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna hasta simulacros de juicios para escolares. Se espera la asistencia diaria de 50 espectadores y la cobertura de más de 200 periodistas, aunque, a diferencia del caso del ‘procés’, no se ofrecerá una retransmisión en directo.
El proceso se iniciará a las 10:00 horas y se prevé que dure seis sesiones, culminando el 13 de noviembre. García Ortiz no será el único en comparecer; también lo hará Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, junto a aproximadamente 40 testigos, entre ellos fiscales, políticos y periodistas.
García Ortiz está acusado de haber divulgado a la ‘Cadena SER’ detalles confidenciales de un correo electrónico enviado por el abogado Carlos Neira, en el que se proponía un acuerdo para evitar la prisión de la pareja de Díaz Ayuso a cambio de reconocer dos delitos fiscales.
El fiscal general llegará al Supremo con escoltas y en vehículo oficial desde la Fiscalía General, situada en la calle Fortuny de Madrid. Sus abogados, por su parte, accederán al tribunal por una entrada diferente y se reunirán con él en el interior.
En cuanto a la defensa, se solicitará que García Ortiz pueda seguir el juicio desde el estrado, al lado de sus letrados, incluso el día que deba declarar. El tribunal deberá decidir si acepta esta petición o si lo sitúa en el banquillo de los acusados.
La Sala de lo Penal, lugar del juicio, está adornada con seda de Damasco roja y mobiliario de caoba. En ella se han celebrado juicios históricos, incluidos los de figuras políticas y casos de alta relevancia.
En esta ocasión, más de 200 periodistas de 59 medios estarán presentes. Sin embargo, solo 20 redactores y las primeras 50 personas que hagan cola podrán entrar en la sala; el resto deberá seguir el juicio desde otras áreas del tribunal sin posibilidad de transmitirlo en directo ni diferido, cumpliendo con las directrices de la Sala de lo Penal.
