Patricia Iglesias, vocera socialista de Enerxía en el Parlamento de Galicia, ha expresado su satisfacción por la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que respalda que los informes sectoriales en proyectos eólicos no requieran de un proceso de acceso público, permitiendo que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) «mantenía paralizado el desarrollo de numerosas actividades», pero aclara que con este veredicto «se van a poder poner en marcha».
Sin embargo, recalca que la sentencia «no desbloquea los parques paralizados por razones medioambientales», y acusa a la Xunta, que «lleva 16 años tramitando con un plan de 1997», de esta situación.
Respaldo a la gestión del Gobierno de España
Desde el PSdeG se considera que el fallo del TJUE «avala la defensa del Gobierno de España» en lo que respecta al sector eólico y «desmantela la propaganda del PP». La parlamentaria enfatiza que «es un claro respaldo al buen hacer del Ejecutivo progresista, que defendió este caso y que consiguió una resolución que acerca seguridad jurídica al sector».
Asimismo, Iglesias sugiere que la Xunta «debería reconocer este éxito institucional, porque incluso la entonces ministra Teresa Ribera ofreció colaboración y apoyo al Gobierno gallego en esta materia desde el minuto uno, al estarse tratando una ley estatal».
No obstante, reitera que no se han desbloqueado los proyectos suspendidos por el TSXG por cuestiones medioambientales, atribuyendo la responsabilidad a la Xunta por seguir una normativa «obsoleta» que no se ha actualizado conforme a las directivas comunitarias de hábitats ni a la ampliación de la Red Natura.
Critica además que no se ha modificado la zonificación desarrollada desde el Estado, a diferencia de otras comunidades como Aragón, Castilla y León o Valencia, que «ahora son líderes en renovables».
Finalmente, la diputada advierte que el Gobierno de Rueda «sigue autorizando parques en zonas ambientalmente no aptas» y censura que la Xunta del PP «lleva años dando bandazos sin hacer los deberes y hundiendo al sector en una inseguridad jurídica sin precedentes».