María Márquez, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, afirmó el miércoles que las declaraciones judiciales de la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, y otros cuatro ex altos funcionarios, corroboran las ‘sospechas’ del PSOE-A sobre irregularidades en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según Márquez, los testimonios indican que se ‘inflaron contratos de emergencia para dar dinero a dedo y sin control’.
En una rueda de prensa, Márquez discutió las declaraciones hechas ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, derivadas de una denuncia previa de los diputados socialistas andaluces. Estos habían solicitado repetidamente información al Gobierno de la Junta sobre las operaciones de contratación de emergencia, especialmente en el sector de la sanidad pública.
Márquez expresó que la preocupación del PSOE-A ha aumentado tras escuchar a los testigos, quienes confirmaron las dudas del partido. Los altos cargos del PP, según Márquez, están involucrados en una estrategia de privatización de la sanidad impulsada por Juanma Moreno, presidente del PP-A.
La interventora general del SAS habría alertado sobre malas prácticas en la contratación, que fueron inicialmente rechazadas por informes internos. Sin embargo, el Gobierno del PP-A modificó los procedimientos para favorecer contrataciones menos reguladas en el SAS.
Los declarantes, según Márquez, parecían desvincularse de las decisiones tomadas, lo que evidencia, a su juicio, que los contratos inflados beneficiaron a la sanidad privada, confirmando así las teorías de corrupción que el PSOE-A ha denunciado.
La vicesecretaria general del PSOE-A también señaló que el consejero de Sanidad actual, Antonio Sanz, y el nuevo viceconsejero, Nicolás Navarro, están directamente vinculados a los hospitales privados que se beneficiaron de estos contratos. Márquez concluyó advirtiendo que la situación actual es solo ‘la punta del iceberg’ y prometió que seguirán investigando hasta revelar toda la verdad sobre las irregularidades.