QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su apoyo al juez Rubén Rus, quien lleva el ‘caso Montoro’ en Tarragona, calificándole de “neutral” y abogando porque continúe al frente de la investigación sobre posibles favores fiscales a empresas durante el mandato de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. El partido ve una “artimaña” en la pretensión de algunos implicados de mover el caso a los juzgados de Madrid.
Actuando como acusación popular, el PSOE ha presentado una solicitud, a la que Europa Press ha tenido acceso, instando al juez a rechazar el recurso de competencia territorial introducido por el despacho Equipo Económico y los directivos investigados. Según el PSOE, es “más que suficiente” que el caso permanezca bajo la jurisdicción del juez Rus dado que una de las empresas gasísticas implicadas, Messer, tiene su sede en Tarragona. Esto representa un “punto objetivo de conexión territorial”, ya que desde allí se gestionan los correos electrónicos que revelan y documentan la actividad delictiva.
Uno de los correos interceptados indicaba que “la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. El partido sostiene que en el caso están presentes “los elementos del delito de cohecho activo de particulares” y que su escenario de comisión es el partido judicial de Tarragona, siendo el primero en iniciar acciones procesales.
El PSOE argumenta también sobre lo prematuro del procedimiento, señalando que aún no se ha citado a declarar a los investigados, lo cual debe considerarse dado que la definición del objeto del proceso penal es de desarrollo progresivo, especialmente en una macrocausa de corrupción política de gran envergadura. Añade que considerar la inhibición a favor de los juzgados de Madrid sería un argumento absurdo y realmente una maniobra procesal para desestabilizar el proceso.
Finalmente, recalcan que esta causa representa uno de los mayores casos de corrupción político-económica en la historia reciente de España, destacando su gravedad en un contexto de severas políticas de austeridad que impactaron duramente a los ciudadanos más vulnerables mientras se diseñaban leyes fiscales favorables para ciertas empresas o ‘lobbies’, afectando la recaudación y la disponibilidad de créditos para el gasto social.
