El PSOE ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación del Reglamento del Senado realizada por el PP, la cual otorga a esta cámara la capacidad de evaluar el carácter de urgencia asignado por el Congreso de los Diputados o el Gobierno a las leyes propuestas. Según alegan, esto constituye una ‘invasión’ de las competencias propias del Congreso y del Ejecutivo.
El recurso, accesado por Europa Press, se centra en la impugnación de la ‘Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 133, 160 a 166, 168 y 169’, y también en la nueva obligación impuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentarse mensualmente en el parlamento. No obstante, la disputa principal reside en el precepto 133.
Este cambio normativo establece que ‘la Mesa de la Cámara podrá solicitar, en su caso, los antecedentes necesarios para apreciar que concurren las razones que conducen a la aplicación del procedimiento de urgencia’, para las medidas catalogadas como urgentes por el Gobierno o el Congreso.
Desde la perspectiva del PSOE, el PP ha efectuado esta reforma por considerar que se ha hecho un uso abusivo del procedimiento legislativo de urgencia por parte del Congreso, y con la reforma se busca mitigar esta situación. Atribuyen al Senado dos nuevas facultades: una, la solicitud de antecedentes necesarios sobre los proyectos urgentes; y otra, la capacidad de ‘apreciar que concurren las razones que conducen a la aplicación del procedimiento de urgencia’.
Los senadores del PSOE argumentan que esto es ‘claramente inconstitucional’, ya que excede lo establecido en el artículo 90.3 de la Constitución, que reduce el periodo de revisión del Senado a veinte días en casos urgentes propuestos por el Gobierno o el Congreso.
El PSOE afirma que según el artículo 90.3 de la Constitución, la aplicación del procedimiento legislativo de urgencia en el Senado ‘no es una opción o posibilidad’ cuando la urgencia ha sido decretada por el Gobierno o el Congreso. La capacidad de la Mesa del Senado para revisar y potencialmente revertir esta declaración ‘colisiona frontalmente con la literalidad del artículo 90.3’, concluyen.
Según los socialistas, esta reforma intenta alterar el papel del Senado, otorgándole la facultad de condicionar la aplicación del procedimiento legislativo de urgencia, lo que supone una invasión de competencias y una contravención al principio de supremacía constitucional.
Además, destacan que la Constitución no requiere motivación para declarar la urgencia, como lo confirma la jurisprudencia del TC, que exime tanto al Gobierno como al Congreso de justificar tal decisión. En contraste, la reforma del artículo 133 del Reglamento del Senado introduce requisitos no previstos constitucionalmente, basados únicamente en ‘oportunidad política’.
Finalmente, sostienen que el margen de apreciación que la Constitución podría otorgar al Senado para evaluar y aplicar el procedimiento de urgencia, cuando ya ha sido decidido por el Gobierno o el Congreso, ‘es inexistente’.