La edición matutina del Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy ha difundido los nombramientos de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respaldados por el sector conservador, como líderes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente.
Por medio de dos reales decretos suscritos por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se han formalizado los cargos de Martínez Arrieta y Lucas como presidentes de las salas Segunda y Tercera del Supremo, respectivamente, posiciones que ya desempeñaban de manera provisional después de que en julio se retiraran Ana Ferrer y Pilar Teso, desbloqueando así estos nombramientos en roles fundamentales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmó estos nombramientos el 23 de julio, con Martínez Arrieta obteniendo 15 votos y Lucas 16, incluyendo el voto para ambos de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló. El respaldo reflejó un apoyo combinado de los sectores conservador y progresista del Consejo, lo que era imprescindible, ya que se necesitaban al menos 13 votos para aprobar estos nombramientos.
El sector progresista del órgano judicial, en un comunicado al que Europa Press tuvo acceso, avaló los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas por «lealtad institucional», señalando que «en ningún momento» dudaron de «su valía». «Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo», expresaron, en referencia a su deseo de que «al menos una» posición hubiera sido ocupada «para hacer efectiva la ley de paridad».
Además, destacaron «el desequilibrio» en «los puestos decisorios» y abogaron por la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que en los nombramientos discrecionales debe asegurar un equilibrio de género, con ningún sexo superando el 60% ni siendo inferior al 40%.
En octubre pasado, el CGPJ convocó estas presidencias y otras dos vacantes del TS: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses más tarde, en febrero, el Consejo optó por separar esas dos plazas para promover la política de nombramientos, asignando al conservador Ignacio Sancho en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando así a su competidor conservador Juan Molins.
Hasta julio, el CGPJ realizó varios intentos para concretar los otros dos nombramientos, cuya importancia reside en que la Sala de lo Penal es responsable de investigar y juzgar a los aforados, incluyendo miembros del Gobierno, senadores y diputados –como José Luis Ábalos–, y otros altos cargos, como el fiscal general; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo supervisa la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos interpuestos.