El equipo legal de Carles Puigdemont, exlíder de Cataluña, ha instado al Tribunal Constitucional a suspender la orden de arresto que sigue activa en su contra. Esta petición se apoya en las recientes declaraciones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para fundamentar su demanda.
En la solicitud presentada este lunes, a la que ha accedido Europa Press, se pide pausar la medida impuesta por el juez instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mientras el Constitucional decide sobre el recurso de amparo admitido el pasado 7 de octubre.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, argumenta que ‘la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente’.
La defensa subraya que los daños a Puigdemont no son teóricos, mencionando que su libertad de movimiento y su actividad institucional han estado restringidas por años debido a órdenes de detención que han sido invalidadas por la ley orgánica de amnistía y reconocidas tanto por el Tribunal Constitucional como por estándares europeos.
Además, se hace énfasis en que mantener la orden de detención en este contexto ‘supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia’. La defensa también recalca que las conclusiones del abogado general del TJUE añaden una dimensión europea al debate, asegurando que la ley de amnistía es compatible con el Derecho de la Unión.
Boye resalta que las afirmaciones del abogado general tienen un ‘impacto directo en la ponderación cautelar, al disipar cualquier duda sobre la validez europea de la norma’. Concluye que no hay dudas jurídicas que justifiquen mantener activas las órdenes de detención en un escenario donde tanto el derecho nacional como el europeo respaldan la efectividad inmediata de la ley de amnistía.