Puigdemont solicita al Tribunal Constitucional la suspensión de su orden de captura, apoyándose en dictámenes de la UE

La defensa de Carles Puigdemont, exlíder de Cataluña, ha instado al Tribunal Constitucional a que paralice la orden de detención nacional que aún pesa sobre él, basándose en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En un documento fechado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que la medida dictada por el magistrado instructor del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quede en suspenso hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo admitido el pasado 7 de octubre.

Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont, ha declarado que “la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente”.

Desde la defensa se ha enfatizado que “los perjuicios no son hipotéticos”. Han destacado que, durante años, Puigdemont “ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía y confirmada tanto por este Tribunal (Constitucional) como por el estándar europeo”.

“A esta premisa interna se añade la dimensión europea, incorporada por las Conclusiones del Abogado General del TJUE, que afirman con rotundidad que la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión”, ha subrayado la defensa.

Por esta razón, han insistido en que mantener la orden de detención nacional en este contexto “supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase”.

Este movimiento legal sucede tras las conclusiones presentadas el 13 de noviembre por el abogado general del TJUE, que, aunque señala que algunas disposiciones de la ley de amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario, descarta que la normativa constituya una ‘autoamnistía’ o contravenga la legislación de la UE en materias como la lucha contra el terrorismo o los intereses financieros de la Unión.