Las ONGs Congreso Mundial Uigur (World Uyghur Congress, WUC) y Don’t Fund Russian Army (DFRA) han iniciado una acción legal en la Audiencia Nacional contra Huawei Technologies, Hikvision y Dahua Technology, así como sus filiales españolas, acusándolas de participar en el genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang. La querella se basa en la jurisdicción universal, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la presunta contribución de estas empresas al soporte tecnológico del «aparato represivo del Estado chino».
El WUC, ubicado en Múnich, y la entidad ucraniana DFRA, trabajan desde España como acusación popular para impulsar una investigación penal detallada sobre el papel de las tecnológicas chinas en las políticas de represión y control de la población uigur. Desde 2014, estas prácticas incluirían internamientos, trabajos forzados y una vigilancia digital exhaustiva.
REQUERIMIENTOS AL CNI Y LA AGENCIA TRIBUTARIA
La querella, encabezada por el abogado Víctor Manuel Soriano i Piqueras, acusa a las mencionadas empresas de facilitar tecnología de videovigilancia y reconocimiento facial usada por China para identificar y reprimir a los uigures. Se alega que participaron en acuerdos de colaboración con el gobierno chino por valor de más de mil millones de dólares, para implementar redes de cámaras y sistemas de control biométrico en «centros de reeducación» y zonas urbanas de Xinjiang. También se han solicitado informes periciales y documentos al CNI y a la Agencia Tributaria, además de la declaración de las sociedades y sus representantes legales como investigados.