El exconcejal socialista de Sevilla y actual jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, uno de los cinco arrestados en el marco de la presunta trama urbanística vinculada a Emvisesa, ha quedado en libertad con cargos y sin imposición de medidas cautelares después de presentarse este miércoles ante el juez y acogerse a su derecho a no declarar.
Su letrado, Alberto Castejón, ha explicado a los periodistas que su cliente no ha prestado declaración y ha mostrado su sorpresa por la forma en que se ha producido la detención. “Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la unidad central operativa no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses”, ha manifestado.
El abogado ha señalado que revisarán con detalle la nueva documentación remitida por los investigadores, aunque insiste en que no aporta novedades sustanciales. Según ha indicado, estudiarán “muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho” y, una vez analizado todo el material, “procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial”.
La causa se centra en la transmisión de una parcela situada en la zona de Higuerón Norte, en el barrio de Pino Montano. Junto a Pineda fueron detenidas otras cuatro personas en una operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas un trabajador de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos investigados por su presunta implicación en la operación urbanística bajo sospecha.
El procedimiento judicial se abrió a raíz de una denuncia por la enajenación de ese solar mediante subasta pública: la finca fue adquirida por 1,8 millones de euros y revendida pocos meses después por casi cuatro millones. La investigación está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción n.º 10 de Sevilla.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza n.º 10, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado igualmente la libertad provisional de los otros cuatro arrestados en relación con las supuestas irregularidades detectadas en esta operación inmobiliaria.
Como medidas cautelares de carácter civil, orientadas a garantizar las posibles responsabilidades económicas futuras, la magistrada ha ordenado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y muebles de los cinco investigados y de las sociedades que administran. Asimismo, se ha decretado el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas implicadas, según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA.
En esta fase inicial, a los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante sus comparecencias ante la jueza, los cinco investigados han optado por acogerse a su derecho constitucional a no declarar.
“Emvisesa, la principal perjudicada”
El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha subrayado que la empresa municipal de la vivienda es la “principal perjudicada” por las pesquisas sobre la parcela de Pino Montano.
En una intervención ante los medios recogida por Europa Press, De la Rosa ha remarcado que “han colaborado con la justicia y han tomado medidas contundentes desde el minuto uno que se tuvo conocimiento de la investigación en septiembre de 2025”.
El informe policial se centra en unos suelos de Pino Montano cuya venta quedó “numerosos años desierta” durante el mandato del exalcalde Juan Espadas (PSOE), iniciada en 2017, debido a que “era un precio alto porque, desgraciadamente, había tres inquilinos en esa parcela, y así lo reconoce la UCO”, tal como ya explicó en su momento el delegado de Urbanismo.
El concejal recordaba que, al detectar el “lastre” que suponían esos arrendamientos, se encargó una nueva tasación del terreno, que “bajaba” precisamente porque existían inquilinos y la transmisión quedaba condicionada a su presencia. “Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran, la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, añadía el responsable municipal de Urbanismo al ser preguntado por la operación.
El Ayuntamiento abrió en noviembre una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de Emvisesa tras recibir un informe de la UCO en el que se apuntaba a su presunta participación tanto en el proceso “desierto y continuado” de la subasta de la parcela como en la posterior venta, y en el que se recogía, además, que “recibió más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de esta empresa municipal”.