QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía, ha solicitado al magistrado a cargo del ‘caso Montoro’ que revise su decisión de excluirlo como parte perjudicada en la investigación, argumentando que ni el ministro de Hacienda tiene autorización legal para acceder a informaciones confidenciales de los contribuyentes.
En un documento presentado recientemente, al cual Europa Press tuvo acceso, Rato apela al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona para que le permita incorporarse como acusación particular en el caso que investiga posibles favoritismos en el Ministerio de Hacienda durante la administración de Cristóbal Montoro, incluyendo ajustes legislativos que beneficiaron fiscalmente a ciertas empresas vinculadas al despacho que él fundó, Equipo Económico.
El recurso desafía la decisión del juez Rubén Rus, quien determinó que no existía delito en los correos electrónicos que Montoro recibió de su equipo sobre Rato y otras figuras públicas. El juez estableció que el ministro tiene derecho a conocer los detalles fiscales que recibe.
En los correos, principalmente enviados por Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, a veces se incluían datos confidenciales fiscales, según detalla el recurso de Rato. Estos datos, como señala el propio magistrado, son confidenciales y están protegidos tanto administrativa como penalmente.
El recurso sostiene que ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de gabinete, están autorizados para acceder a datos reservados, ya que no participan en procedimientos tributarios específicos, los cuales están reservados a los funcionarios competentes de la AEAT.
Además, Rato argumenta que la transmisión de información confidencial al entonces ministro de Hacienda es claramente delictiva y responde a otro argumento del juez para rechazar su personación, relacionado con investigaciones sobre pagos a Equipo Económico para lograr cambios legislativos. Alega que ello no debería impedir la expansión de la investigación.
Finalmente, Rato pide que se le permita participar en la causa, alegando la claridad de los perfiles penales involucrados y su derecho a actuar como acusación particular como ciudadano perjudicado y víctima.
