La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife en Lanzarote ha rechazado el lunes la medida de internamiento provisional para 44 de los 49 migrantes encontrados en un barco que los llevó hasta el puerto principal de Lanzarote. Además, ha mandado su liberación inmediata, con la «única obligación» de señalar una dirección para recibir notificaciones.
En una disposición emitida por la jueza Silvia Muñoz, se ordenó «su inmediata puesta en libertad» tras prestar declaración y al evaluar que no se cumplen los requisitos legales para su retención en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), esto en respuesta a un documento presentado por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.
El fallo judicial subraya que los inmigrantes han pedido asilo político, y conforme al artículo 19 de la Ley de Asilo, no se autoriza esta medida en tal contexto, excepto por motivos de salud pública o seguridad nacional.
Aunque se menciona que los individuos están en situación irregular, se indica que esto «no es óbice para considerar que no exista otra medida más adecuada para asegurar» la ejecución de la sanción administrativa que podría imponérseles, como el seguimiento policial del lugar donde se encuentran o la asignación de un domicilio para notificaciones.
Se resalta además que las circunstancias del caso deben ser consideradas, dado que «se ha tratado de un rescate humanitario, en el que siquiera está acreditada la voluntad de entrada ilegal en territorio español», porque «bajo la bandera de Países Bajos Zwever 3 se observó un remolque de un pontón donde viajaban 49 personas ancladas a un cable por motivos de supervivencia».
La nave, según el documento y el auto, zarpó el 29 de julio desde Dakar, Senegal, con destino final en el Puerto de Antewerpen, Bélgica. Por lo tanto, se concluye que el internamiento «no será la medida más adecuada para llevar a cabo la resolución administrativa dictada, existiendo otras alternativas más apropiadas».
La decisión judicial no es definitiva y es posible presentar recursos de reforma y apelación dentro de los tres días posteriores a su notificación, tanto por los afectados como por el Ministerio Fiscal.
Cinco personas no fueron llevadas ante la justicia, ya que una está hospitalizada, dos solicitaron asilo en frontera y dos son menores de edad, informó la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).