Este lunes, la Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha dado comienzo a la primera de las 20 sesiones previstas para el juicio del caso ‘Novo Carthago’, centrado en supuestas irregularidades de urbanismo en zonas protegidas cerca del Mar Menor.
Presidido por el magistrado Álvaro Castaño, el proceso cuenta con la implicación de Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, exconsejeros de Agricultura y de Obras Públicas respectivamente, entre otros cinco altos cargos de la época de Ramón Luis Varcárcel.
Los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias son los que se examinan en este juicio, los cuales fueron mencionados en el documento de calificación fiscal y llevan casi dos décadas en investigación.
En la sesión inicial, los abogados de los acusados han planteado la nulidad del proceso, propuesta que fue descartada tanto por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano como por el abogado José Manuel Muñoz, representante de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse).
Aurelio Llanes, defendiendo a Antonio Cerdá, argumentó la prescripción del delito atribuido a su cliente, alegando que su acción se limitó a iniciar un trámite que requería la aprobación del Consejo de Gobierno. Francisco Martínez y Antonio Alvarado, abogados de Joaquín Bascuñana y del propio Alvarado, respectivamente, defendieron que el proceso contraviene principios básicos de legalidad y tipicidad.
Por otra parte, Juan Pablo Lozano, en representación del Ministerio Público, sostuvo que los delitos no han prescrito y acusó a Cerdá de haber ejercido presión sobre técnicos para la recalificación de terrenos protegidos, facilitando un plan que incluía la construcción de 10.000 viviendas y otras instalaciones, omitiendo procedimientos estándar.
OTROS ACUSADOS
El juicio también incluye a María Antonieta Fernández, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero, todos ellos vinculados a la Consejería de Obras Públicas en distintas capacidades. Julián Lozano, abogado de Hansa Urbana, pidió la exención de su cliente Rafael Galea de testificar debido a una reciente operación y un trastorno cognitivo, cuestión que el tribunal resolverá tras una evaluación forense.
El juicio proseguirá con la declaración de cuatro acusados mientras que los demás testificarán al final del proceso, conforme lo establecido por el tribunal.