En una reciente declaración durante el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han explicado que durante los registros a su oficina y a la de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se extrajo más información de la permitida judicialmente debido a restricciones técnicas que impedían una selección previa.
Los hechos se desvelaron en la quinta sesión del juicio en el Tribunal Supremo, donde García Ortiz enfrenta acusaciones por un presunto delito de revelación de secretos vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante los registros, que duraron más de diez horas el 30 de octubre de 2024, los agentes de la UCO intervinieron simultáneamente en los despachos de García Ortiz y Rodríguez, siguiendo las directrices del juez instructor, Ángel Hurtado.
Según los testigos, se copió la información de dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, discos duros y cuentas de email, aunque la autorización judicial especificaba un período concreto entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024. Los agentes justificaron que la selección de datos específicos dentro de ese rango solo fue posible después de la copia inicial.
En relación con el despacho de García Ortiz, se revisó el contenido de dos teléfonos móviles, un disco duro de respaldo y tres cuentas de correo, de las cuales dos eran oficiales y una personal. A pesar de las advertencias sobre cambios recientes en algunos equipos, se procedió con la revisión y posterior selección de archivos, aunque no se especificó si estos estaban limitados al marco temporal autorizado.
La defensa del fiscal, representada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, destacó la cooperación de García Ortiz durante el proceso, señalando que proporcionó incluso contraseñas. Del lado de Rodríguez, se recogieron datos de dos móviles, un ordenador y cuatro correos electrónicos. José Ignacio Ocio, abogado del Estado, criticó la falta de precisión en los datos recopilados, destacando que se obtuvo información de períodos no autorizados, incluyendo datos personales de Rodríguez desde 2018.
Durante el interrogatorio, un agente admitió que el cribado de correos habría requerido una impresión individual que «habría llevado semanas», lo que justificó la decisión de copiar toda la información disponible en ese momento.