QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las partes acusadoras en el ‘caso Begoña Gómez’ han apoyado la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de instruir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue los correos electrónicos de trabajo de la esposa del presidente del Gobierno, argumentando que esta acción no infringe su privacidad al ser ‘información institucional’.
En un documento al que Europa Press ha tenido acceso, estas partes han expresado su desacuerdo con el recurso presentado por la Fiscalía contra la orden del juez, dentro de la investigación sobre un posible desvío de fondos públicos en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en la Moncloa y su posible implicación en actividades privadas para la esposa del líder del Ejecutivo.
Desde julio de 2018, cuando se nombró a Álvarez, hasta la actualidad, la UCO ha sido encargada de examinar los correos del buzón oficial de Presidencia perteneciente a Begoña Gómez, para evaluar su contenido y excluir aquellos irrelevantes para la investigación, según instrucciones del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
Ante las preocupaciones sobre la privacidad planteadas por la Fiscalía, las acusaciones, lideradas por Hazte Oír, han subrayado que no se permitirá acceso completo a los correos, sino que serán revisados por la UCO que preparará un informe filtrando los mensajes no relacionados con los delitos investigados. Además, recalcan que la ley constitucional permite la supervisión de cuentas corporativas si se sabe que están sujetas a control institucional, eliminando cualquier ‘expectativa razonable de privacidad’.
Asimismo, han enfatizado que los correos de Gómez, que no desempeña ningún cargo oficial ni trabaja para el Gobierno, contienen solo información de carácter institucional y profesional, lo cual justifica su revisión y no constituye una violación de la intimidad.
Consideran también que la medida es proporcional y necesaria, acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre intervenciones judiciales en comunicaciones oficiales. El acceso a los correos electrónicos proporcionará datos cruciales para determinar la naturaleza de las relaciones y posibles acuerdos ilícitos investigados.
Adicionalmente, las acusaciones han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que rechace el recurso de apelación de la Fiscalía. También han defendido la decisión del juez de imputar a Álvarez por un posible delito de malversación, argumentando que hay indicios razonables para investigar el uso indebido de recursos públicos para fines privados.
