El magistrado del Tribunal Supremo encargado del ‘caso Koldo’ ha impuesto la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada dos semanas ante la autoridad judicial a Antxon Alonso, ‘amigo’ del ex dirigente socialista Santos Cerdán y propietario de Servinabar, y a Fernando Merino, ex ejecutivo de Acciona, después de que ambos prestaran declaración en calidad de imputados por su supuesta participación en una red de corrupción que involucra el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, alegaciones que ambos han rechazado.
Leopoldo Puente, el juez del caso, ha aceptado así las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, apoyadas también por las acusaciones populares.
Estas restricciones son idénticas a las que se aplicaron el viernes anterior a otro empresario investigado por el mismo caso en el Tribunal Supremo, José Ruz, relacionado con la constructora LIC. Por otro lado, los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a OPR, solo fueron sujetos a comparecencias periódicas.