Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha declarado que el envío a juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo «confirma que ninguna institución, por elevada que sea, puede situarse por encima del derecho de defensa, del secreto profesional ni de las garantías procesales».
En un comunicado emitido el miércoles, Ribón expresó su «pleno respeto a la presunción de inocencia» de García Ortiz, señalando que «será en sede de enjuiciamiento donde se depure la eventual responsabilidad penal cuyos indicios ya han quedado constatados».
El decano reaccionó tras el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Ángel Hurtado el martes contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos hacia Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este contexto, Hurtado estableció una fianza de 150.000 euros para García Ortiz, aunque declinó suspenderle de su cargo, tal como solicitaba la acusación popular representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Desde el ICAM, consideran que la resolución que manda a juicio al jefe del Ministerio Público «avala los fundamentos esenciales» de la querella que interpusieron en marzo de 2024, «en defensa del secreto profesional, del derecho de defensa y de la integridad del sistema de justicia penal»; y «confirma la existencia de indicios de graves vulneraciones al derecho fundamental de defensa, pilar de nuestro ordenamiento constitucional y sistema jurídico-penal».
El colegio profesional subraya que la decisión del Supremo «refuerza el valor del secreto profesional como garantía de los ciudadanos ante el poder público, y como piedra angular del Estado de Derecho». También insta a «todas las instituciones» a observar «los límites que la ley impone al ejercicio de la función pública, incluso en sus más altas instancias, extremando el celo en la protección de los diferentes mecanismos que el ordenamiento jurídico-penal ofrece».
Finalmente, el ICAM asegura que permanecerá «vigilante y firme» en la defensa de los principios fundamentales que rigen la abogacía y el sistema de justicia.