El mandatario español, Pedro Sánchez, ha solicitado su incorporación como parte perjudicada en el proceso judicial iniciado por la instalación de una pancarta por parte de Hazte Oír (HO) delante del Congreso de los Diputados el 19 de mayo, la cual fue desmontada pocas horas después por una decisión judicial que la consideró como ‘un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión’ al ser ‘claramente lesivo’ para el honor del presidente del Gobierno.
En un documento legal, al que Europa Press tuvo acceso, el letrado representando a Sánchez solicita al Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid que le reconozca como parte acusadora particular, además de pedir que le informen sobre ‘todo lo actuado’. Este paso se toma, según se menciona, tras la invitación a tomar acciones que le extendió el mismo tribunal el pasado 16 de junio.
Según otro documento, al que Europa Press también accedió, se detalla que el caso fue iniciado en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, que estaba de turno, tras recibir una notificación policial sobre la denuncia hecha aquel 19 de mayo por la diputada Begoña Nasarre ‘en calidad de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista’ por supuestos delitos de injurias y calumnias con publicidad contra el presidente del Gobierno.
La pancarta, que medía más de 253 metros cuadrados, fue colocada cerca de las 11.00 horas y retirada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en las primeras horas del 20 de mayo, siguiendo la orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que en otro auto, documentado por esta agencia de noticias, aprobó la medida cautelar solicitada por Nasarre en este sentido.
‘El uso de la expresión ‘corrupto’ en una pancarta de gran tamaño, junto a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web llamada ‘elcapo.org’, así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales (…) forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de Pedro Sánchez, que podría suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión susceptible de constituir un ilícito penal’, declaró el juez.
Además, el juez señaló que al estar la pancarta frente al Congreso, ‘da una mayor repercusión al mensaje difundido’. ‘La ubicación también refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo, en tanto es éste el lugar donde ejerce su función de diputado y es sometido al control’ por los demás, agregó.
EL PSOE PIDE ACTUAR CONTRA LOS CAMIONES DE HAZTE OÍR
El Juzgado de Instrucción Número 12, que finalmente se hizo cargo del caso, apuntó en su auto del 16 de junio que posteriormente ‘se tuvo conocimiento de la colocación de varias pancartas en varios puentes y pasarelas del distrito de Fuencarral-El Pardo de Madrid, con la misma imagen y contenido que el de la pancarta retirada’.
‘En días posteriores un camión ha circulado por varias calles de Madrid exhibiendo carteles con la misma imagen y contenido que el mencionado anteriormente, lo cual ha tenido difusión en medios de comunicación y en redes sociales’, comentó.
En esa resolución, se indicó que, ‘siendo el objeto de la investigación, un delito de injurias contra el presidente del Gobierno, la condición de perjudicado en las presentes actuaciones la ostenta él mismo, no pudiendo extenderse al Partido Socialista Obrero Español’, por lo que aceptó que el PSOE se personara pero como acusación popular.
El PSOE, actuando ya en esa capacidad, presentó un documento el pasado 16 de julio en el que solicitaba nuevas medidas cautelares, pidiendo ‘la suspensión de la circulación de camiones con carteles con la misma imagen que figuraba en la pancarta retirada’, así como ‘la suspensión de la difusión a través de la página web de Hazte Oír y de sus redes sociales o por cualquier otro medio de carteles y/o productos con idénticas imágenes y contenidos’.