Santa Bárbara Sistemas, integrada en General Dynamics European Land Systems (GDELS), tiene previsto acudir al Tribunal Supremo para impugnar los dos macrocontratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha otorgado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano, por un valor global de 7.240 millones de euros.
Esta intención figura en el recurso contencioso-administrativo admitido a trámite por el Alto Tribunal, en el que la compañía solicita como medida cautelar la paralización de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés concedidos a dicha UTE para la prefinanciación de los dos programas de artillería clave dentro del plan de modernización militar del Ejecutivo.
En su escrito, Santa Bárbara Sistemas reprocha que la empresa "no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad" impulsado por el Ministerio de Defensa para adjudicar los contratos de los obuses sobre ruedas y de cadenas, "por lo que recurrirá y solicitará la suspensión" de los mismos.
"SBS (Santa Bárbara Sistemas) no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramita el MINDEF (Ministerio de Defensa) para la adjudicación de los citados PEM --programas especiales de modernización-- (por lo que recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte)", subraya la documentación jurídica consultada por Europa Press.
El 22 de diciembre, Defensa adjudicó a la UTE de Indra y Escribano el programa del obús de ruedas por casi 2.686 millones de euros y el de obús de cadenas por cerca de 4.554 millones de euros.
Pese a que las adjudicaciones ya se han formalizado, Santa Bárbara Sistemas aún no ha presentado el recurso específico con el que pretende lograr la suspensión de ambos procedimientos, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.
Cuando Santa Bárbara interpuso el recurso en el que pide bloquear los préstamos estatales al 0% de interés vinculados a estos dos contratos, las adjudicaciones todavía no se habían producido.
En su argumentación ante el Supremo para reclamar la suspensión de los préstamos, la compañía sostiene que, si no se adoptan las medidas cautelares solicitadas, sufrirá un "perjuicio irreparable", ya que, según defiende, es "el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre".
"Lo anterior contrasta con la situación de Indra y Escribano que, como veremos, carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes", añade el documento presentado ante el Supremo.
Con el objetivo de acelerar al máximo la tramitación de las medidas cautelares solicitadas —que aún están pendientes de resolución—, la empresa pidió al Supremo que el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 se considerase hábil a efectos procesales, una petición que fue desestimada.
Al mismo tiempo, Santa Bárbara Sistemas alega que la ejecución de los préstamos al 0% a favor de Indra y Escribano para financiar anticipadamente los contratos de artillería adjudicados "restringirá las posibilidades efectivas" de que pueda competir "durante la próxima década en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería)" en los que, subraya, "sus capacidades están más que acreditadas".
"En la práctica, limitará su ámbito de actividad de forma significativa en el mercado español de la defensa y afectará a su proyección en el mercado internacional", concluye la compañía, propiedad de General Dynamics.