Santa Bárbara Sistemas (SBS), perteneciente a la filial europea de General Dynamics, ha confirmado este lunes que el recurso presentado para frenar la adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como destinatarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por 3.000 millones de euros continuará adelante, al seguir su tramitación ante el Tribunal Supremo al margen de la negativa a aplicar medidas cautelares.
El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso contencioso de SBS el pasado 19 de diciembre y, en un auto reciente, ha optado por no paralizar de forma cautelar los préstamos, sin pronunciarse aún sobre el fondo del litigio ni anticipar el sentido del fallo definitivo, que deberá resolverse con independencia de la no adopción de medidas provisionales.
En la resolución relativa a las cautelares, el alto tribunal precisa que “deben permanecer al margen de nuestra consideración toda argumentación referida a la mayor o menor cualificación para ser adjudicataria de los contratos y las capacidades de las compañías para su realización”, al entender que estos aspectos quedan fuera del objeto estricto de la decisión sobre las medidas provisionales solicitadas.
La compañía armamentística sostiene que fue apartada del procedimiento de adjudicación de estos programas sin una justificación suficiente, pese a ser el único fabricante nacional de sistemas de artillería y el principal referente español en vehículos de combate terrestre. Además, alerta de que la supuesta falta de capacidades de los actuales beneficiarios de los préstamos en contratos análogos podría acarrear serias dificultades para el desarrollo efectivo de la base industrial de defensa en España.
De acuerdo con SBS, esa insuficiencia ya estaría empujando a los adjudicatarios a apoyarse en suministradores extranjeros, incluso procedentes de países ajenos a la Unión Europea y fuera del entorno OTAN, como Corea, lo que implicaría una pérdida de soberanía tecnológica y un impacto desfavorable sobre el empleo en la industria española de defensa.
La empresa remarca que sigue dispuesta a colaborar tanto con la Administración como con el resto de compañías del sector para reforzar la competitividad de la industria española de Defensa en el marco europeo, y recuerda que, dentro de los programas ATP Ruedas y Cadenas, trasladó propuestas de cooperación a los beneficiarios de los préstamos que, hasta la fecha, no han obtenido contestación.
SBS argumenta que esa ausencia de respuesta, unida a su exclusión del proceso, la ha llevado a acudir al Tribunal Supremo para salvaguardar sus propios intereses, los de su plantilla y los del conjunto del tejido industrial de Defensa en España, subrayando que los programas de artillería objeto del recurso tienen un peso decisivo en el sector y condicionarán la actividad de todos los operadores durante los próximos años.
Respecto a la decisión del alto tribunal de no acordar la suspensión cautelar de los préstamos, Santa Bárbara Sistemas indica que no emitirá juicios ni comentarios sobre el contenido del auto del Supremo.
La compañía detalla que la petición de medidas cautelares buscaba prevenir posibles perjuicios futuros al conjunto de la industria de Defensa, incluida la propia Administración y los recursos económicos y financieros del Estado, y recuerda que el tribunal aprecia que una eventual estimación del recurso obligaría a la devolución de las cantidades ya prestadas, una carga “económicamente importante” pero asumible sin necesidad de adoptar la suspensión cautelar solicitada.