QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha reiterado su solicitud de libertad al magistrado del Tribunal Supremo responsable de instruir el ‘caso Koldo’. Argumenta que su encarcelamiento provisional es «inconstitucional» al haberse excedido los plazos legales permitidos y por la ausencia de «pruebas» que sustenten su culpabilidad, a la vez que denuncia ser objeto de una «causa general» debido a su labor política.
Según un documento al que Europa Press ha tenido acceso, la defensa de Cerdán insiste en que «debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad» del político, destacando que el tiempo otorgado de siete meses para probar la teoría de corrupción ha expirado, no existen pruebas y las acciones están plagadas de violaciones a los derechos fundamentales.
Además, sus abogados señalan que las acciones tomadas muestran cómo se han manipulado los instrumentos procesales estratégicamente para alcanzar conclusiones específicas, y que es esencial prevenir la continuación de esta crítica situación.
La defensa también argumenta que mantener a Cerdán en prisión provisional implica un riesgo de exceder el tiempo máximo de detención preventiva establecido para garantizar la investigación del presunto delito. «Como se viene reiterando, ya no nos encontramos en una fase ‘inicial’ del procedimiento que pueda justificar esta medida. Los cuerpos policiales han tenido suficiente tiempo y oportunidades para llevar a cabo una adecuada investigación, sin que sea justificable continuar privando de libertad», explican.
Subrayan que desde que «empezó la sospecha» en febrero y marzo, ya han pasado los seis meses que el legislador consideró suficientes para completar una investigación o, al menos, para asegurar que el investigado privado de libertad no pueda influir en ella. «Podrá compartirse o no esta contundente conclusión, pero es difícil imaginar que pueda aceptarse como legítimo y constitucional en un sistema penal democrático que un ciudadano sea privado de libertad sin una mínima seguridad que esta medida tan drástica esté justificada desde la perspectiva penal», añaden.
Los letrados de Cerdán advierten sobre «importantes riesgos» de basar la prisión provisional en pruebas cuyo origen y naturaleza son desconocidos, de respaldar una hipótesis policial sin indicios confirmatorios, de llevar a cabo una investigación judicial sin límites claros y de criminalizar actividades políticas, además de estar excediendo la proporcionalidad temporal de la medida de prisión provisional.
«CAUSA GENERAL» POR SU ACTIVIDAD POLÍTICA
Por otro lado, insisten en que se trata de una «pesquisa general dirigida contra el ‘número tres’ del principal partido político del Gobierno» porque «no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado, tal como es propio de la jurisdicción penal, sino que construye una causa general que comprende toda la vida política» de Cerdán «cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria».
«No nos cansaremos de repetir que tanto el atestado de imputación de la UCO como el auto de prisión provisional vienen a transmutar acciones propias de la vida política del partido que se encuentra en el Gobierno central –con acciones que serían perfectamente equiparables y reproducibles en tantas otras administraciones públicas– en indicios –o mejor dicho, sospechas– de criminalidad», enfatizan.
Además, la defensa pone énfasis en que las grabaciones incautadas a Koldo García, en las que se basa la imputación de Cerdán, serían «una prueba absolutamente nula», reiterando que si bien ha negado ser el autor, si lo fuera «es evidente que lo habría hecho bajo la dirección policial».
En otro documento dirigido al alto tribunal, los abogados de Cerdán resaltan la «especial relevancia» de «dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el ‘proceso debido'», solicitando una serie de diligencias relacionadas con la UCO. En particular, demandan interrogar como testigos a los agentes de la UCO que elaboraron el informe del pasado 5 de junio que resultó en la imputación de Cerdán, así como al guardia civil Rubén Villalba, imputado en la parte del ‘caso Koldo’ que se investiga en la Audiencia Nacional, al considerar que «actúa de modo concertado» con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
También solicitan que «se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan» y se notifique al Congreso de los Diputados que «un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio».
CERDÁN, «UNA PERSONA HONRADA»
«En esta situación, mantener una medida privativa de libertad es un acto extraordinariamente arriesgado», argumentan los abogados, enfatizando que se basa exclusivamente en «una sospecha policial» que se ha asumido durante la investigación.
Afirman sin titubeos que Cerdán «es una persona honrada, que vive de su sueldo, que salió de un pueblo de Navarra creyendo que sí existía la posibilidad de ejercer una acción política en libertad y que cada vez más tiene la sensación de que esto se trataba de una ilusión». «No existe patrimonio alguno que encontrar, no hay chalé, ni fincas de caza. Por mucho que se busque e indague siempre encontrarán al señor Cerdán disfrutando de su ocio en su pueblo», concluyen.
El ingreso de Cerdán en la prisión de Soto del Real ocurrió el pasado 30 de junio. El Supremo considera que hay riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que mueva posibles fondos ocultos de la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Semanas después, la Sala de Apelación rechazó el recurso presentado por el exdirigente socialista contra el auto del magistrado instructor que acordó su prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la posible comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Cerdán también recurrió en amparo al Tribunal Constitucional (TC), cuya Sección Segunda analizará esta semana si admite a trámite su impugnación contra su entrada en prisión provisional.
