Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha interpuesto este jueves un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, exigiendo su liberación «inmediata» al argumentar la ausencia de «indicios suficientes» que justifiquen su detención, tan solo tres días después de ser encarcelado provisionalmente por el juez instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, quien lo considera presunto líder de una red corrupta relacionada con adjudicaciones de obra pública.
En el documento presentado, al que ha accedido Europa Press, la defensa de Cerdán argumenta que se trata de «una prisión provisional adoptada sin indicios de criminalidad suficientes» y que, por ende, es «incompatible con la presunción de inocencia».
La defensa subraya que Cerdán funcionaba como «interlocutor entre el partido y el Gobierno», y que se interesó por diversas obras en el período previo a las elecciones con el objetivo de reactivar proyectos estancados. Además, refuta la interpretación del magistrado sobre su testimonio en la corte, quien en su fallo indicó que «la obra pública no había perseguido el interés de la ciudadanía sino los ‘beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido'».
«Cerdán explicó lo orgulloso que se sentía de haber conseguido reactivar las obras de la N-121A, una carretera en Navarra en la que morían cada año tres o cuatro personas y que desde la obra no ha fallecido nadie», replica la defensa.
La defensa considera que esta percepción del magistrado evidencia que «la apreciación del instructor es en todo momento contra reo», acusándole además de asumir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cerdán de forma «acrítica».
RIESGO DE DESTRUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PRUEBAS
En un auto extenso, el juez afirmó que existen «indicios bastantes» para creer que Cerdán, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, «en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública».
Según el juez, el origen de esta supuesta red corrupta se remonta a Cerdán y Koldo, vinculados inicialmente a la empresa Servinabar. La llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes cambió la dinámica cuando designó a García como su asesor, «precisamente a instancia» de Santos, con el objetivo compartido de manipular la adjudicación de ciertas obras públicas, especialmente en Carreteras y Adif.
El magistrado sospecha que «más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado», estimando que el «botín» podría ascender a al menos cinco millones de euros. Considera que Cerdán posee un «conocimiento privilegiado» sobre la trama, lo que representa un riesgo de que pueda «ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto», razón por la cual ordenó su encarcelamiento.