La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha decidido archivar el procedimiento contra el funcionario investigado en la presunta red de fraude electoral vinculada al voto por correo en las elecciones municipales de Mojácar (Almería) de 2023, en la que se le atribuía haber “beneficiar” supuestamente al PP, partido con el que mantenía vínculos orgánicos.
El magistrado titular de la Plaza 4 de este órgano judicial acordó el sobreseimiento de la pieza separada abierta contra este investigado, mientras que la causa principal prosigue para el resto de señalados, más de una decena de personas a las que se les imputa un presunto delito de fraude electoral en favor del PSOE. Entre los detenidos figuran los números 2 y 5 de la lista del PSOE de Mojácar, Bartolomé Flores y Cristóbal Vizcaíno.
El procedimiento penal por posibles delitos de fraude electoral y prevaricación en relación con el funcionario municipal se abrió a raíz de las manifestaciones de otro de los investigados, que lo acusó de haberle pedido el voto a cambio de una “remuneración económica”, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Sin embargo, para el juez instructor esa declaración, que era la única que apuntaba a ese supuesto ofrecimiento, no alcanzaba la entidad necesaria para mantener viva la causa contra el funcionario, que rechazó las acusaciones y presentó un testigo que respaldó su versión de los hechos.
La Audiencia de Almería confirmó en noviembre del pasado año el archivo de las diligencias respecto a este investigado, pese a que la acusación insistía en que existían indicios de posibles “infracciones”, al sostener que varias personas habrían recibido promesas de empleo en bolsas de trabajo o en planes de empleo de la Junta “a cambio de votar al PP” en los comicios de 2023.
En este punto, el tribunal de apelación consideró que el recurso no podía prosperar porque la investigación se centraba en la supuesta “remuneración económica” ofrecida al testigo que lo señaló y que, durante la fase de instrucción, no se ha visto respaldada por nuevos indicios.
Conviene precisar que, aunque el funcionario llegó a ser detenido, dicha detención no estuvo relacionada con esta causa, sino con una requisitoria previa derivada de una condena por un delito de receptación, al haber adquirido un saxofón robado en un establecimiento hostelero de la zona.
La causa principal sigue en fase de instrucción a la espera de la incorporación de nuevas pruebas dentro de unas diligencias centradas en el PSOE, en las que inicialmente se llegó a investigar a diez personas de cuatro nacionalidades diferentes.
Las detenciones se extendieron durante la propia jornada electoral, cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales habilitadas en el municipio.
El origen de la investigación se sitúa en la denuncia presentada por la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que se sumaron posteriormente otras denuncias de particulares. En este contexto, el juez autorizó la intervención del teléfono de, al menos, uno de los candidatos del PSOE, que aparecía identificado con nombre y apellidos en la denuncia que dio pie a la operación.
La desarticulación de la presunta trama de compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en Mojácar se saldó con la detención de siete personas, la imputación de otras tres y la incautación de “abundante” documentación indiciaria en una decena de registros practicados en viviendas y locales.
En las primeras horas, una parte sustancial de las pesquisas se dirigió a aclarar los contactos que, en las semanas previas, los principales sospechosos habrían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados por militantes o simpatizantes socialistas, con el objetivo de determinar si se condicionaba el voto por correo a la obtención de beneficios.
Durante los registros, los agentes se hicieron con votos por correo y con listas censales en las que figuraban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Según las primeras indagaciones, los implicados en la supuesta trama habrían ofrecido cantidades en torno a los 100 euros, que en algunos casos se habrían elevado hasta los 200 euros.