Se celebra el juicio por la mujer abrasada en una escape room de Cájar (Granada)

Arranca en Granada el juicio por la mujer gravemente quemada durante un juego extremo en una escape room de Cájar sin licencias ni medidas de seguridad.

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Juzgados De La Caleta, Granada. Archivo. EUROPA PRESS

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El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada enjuicia este miércoles a tres hombres relacionados con la 'escape room' de Cájar donde una mujer resultó abrasada tras ser rociada durante el juego con un líquido que contenía gasolina y al que presuntamente prendieron fuego.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2022. La víctima, de 42 años, sufrió quemaduras de gran gravedad que obligaron a su ingreso en la UCI del área de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Tras el suceso, la escape room comunicó la paralización de su actividad.

El procedimiento llega a juicio después de que en la vista previa celebrada hace unos meses las partes no consiguieran cerrar un acuerdo.

La Fiscalía reclama para los tres procesados una condena de dos años de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave y solicita que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la afectada con cerca de dos millones de euros por las lesiones y perjuicios ocasionados, que le han provocado secuelas físicas y también psicológicas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se sitúan a las 22,40 horas del 27 de junio de 2022, cuando la mujer acudió a una vivienda de Cájar, denominada 'Villa Amparo', para participar en una escape room "hardcore" junto a otras personas.

El desarrollo del juego

La experiencia comenzó en la cocina del inmueble, donde los seis jugadores fueron encerrados hasta que consiguieron resolver los enigmas para poder salir. A continuación pasaron a un segundo espacio, un cuarto de baño, del que también lograron escapar tras descifrar nuevas pistas, llegando luego a un pasillo que conducía a una especie de salón y a otra habitación con más acertijos.

En ese punto aparecieron dos actores —dos de los investigados— que se llevaron a uno de los participantes tras colocarle unos grilletes en la espalda. Le ordenaron introducirse en una especie de ataúd y cerraron la caja con un candado. Ese mismo actor sujetó a la víctima, le indicó que se subiera a una silla, la ató de manos y le colocó una soga al cuello. Ella consiguió soltarse, pero permaneció en la misma posición para que los actores no se percataran.

Seguidamente, uno de ellos presuntamente le vertió encima un líquido procedente de un bidón y, aunque la mujer avisó en varias ocasiones de que "olía muchísimo a gasolina", nadie respondió. Uno de los investigados encendió entonces un mechero y, pese a que la víctima sopló dos veces para intentar apagar la llama, a la tercera no lo consiguió "y prendió".

El ahora investigado se marchó y ella "quedó a su suerte ardiendo, por lo que lo único que se le ocurrió fue quitarse la camiseta", mientras su amigo, desde el interior del ataúd, le gritaba "rueda, rueda". La mujer no podía reaccionar porque el humo le impedía ver, hasta que uno de los acusados acudió, la roció con un extintor, la sacó al exterior y le echaron agua, momento en el que llegaron sus acompañantes.

Varios de estos amigos también habían sido rociados con el mismo líquido con gasolina en otra estancia por parte de los investigados, "a la espera de prenderles fuego también".

Actividad sin licencias ni seguridad

El fiscal subraya que los acusados no comprobaron la composición de la mezcla de agua con gasolina y que el tercer procesado —gerente y propietario de la vivienda— permitió que se llevara a cabo la actividad sabiendo que no existían medidas de seguridad adecuadas y sin proporcionar formación en esta materia a los trabajadores.

De hecho, la escape room funcionaba sin "ningún tipo de autorización municipal ni de licencia", según el escrito de acusación, donde también se señala la "carencia de indicaciones, de luces de salida de emergencia", la presencia de puertas y ventanas cerradas "sin apertura manual o automática" y de extintores "para incendios eléctricos, no para combustibles".

La acusación particular que representa a la víctima reclama tres años de prisión y fija la indemnización en 1,9 millones de euros —de los que deben descontarse 300.000 euros ya abonados por la aseguradora—, cuantía a la que se ha adherido el fiscal en su escrito.