Se sienta en el banquillo una red que enviaba cocaína desde Perú a Mallorca oculta en sillas de ruedas

Diez acusados afrontan juicio en Palma por una red que enviaba cocaína y marihuana desde Perú a Mallorca oculta en sillas de ruedas.

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Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. EUROPA PRESS

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma iniciará este lunes, a las 09.30 horas, la vista oral contra diez presuntos integrantes de una organización que habría remitido cargamentos de cocaína y marihuana desde Perú hasta Mallorca, utilizando sillas de ruedas para ocultar la droga.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalla que la actividad delictiva se habría desarrollado entre abril de 2023 y julio de 2024, periodo en el que los procesados se habrían dedicado al envío de estupefacientes desde distintos países de Latinoamérica, con especial incidencia en el país andino.

Para introducir la droga en la isla, el grupo recurría a correos humanos o mulas, que transportaban la sustancia escondida en la estructura de las sillas de ruedas. Una vez los envíos llegaban a Mallorca, eran distribuidos y comercializados en el mercado ilícito.

Según el Ministerio Público, cada acusado tenía un rol concreto dentro de la trama, encabezada por un individuo que, aunque ha sido identificado, permanece en paradero desconocido. Algunos actuaban como enlace con otros traficantes, mientras que otros asumían tareas de transporte y custodia de los estupefacientes.

Otro de los implicados era el “representante” de la red en Mallorca, en tanto que parte del grupo se ocupaba del cultivo de marihuana en una finca de Marratxí o de garantizar el suministro de cocaína cuando no resultaba viable traerla desde América Latina.

En los registros practicados por la Policía Nacional en el momento de las detenciones se incautaron distintas cantidades de droga, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 344.000 euros.

La acusación pública sostiene que los diez encausados son responsables de un delito contra la salud pública y de otro de pertenencia a organización criminal. Por el primero, solicita para cada uno de ellos ocho años de prisión y una multa de 1,3 millones de euros, y por el segundo, una pena adicional de dos años de cárcel.