La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes, martes y miércoles, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra seis presuntos integrantes de una organización dedicada a prostituir y someter a esclavitud a dos jóvenes extranjeras a las que, según la acusación, engañaron para que se desplazaran a Mallorca.
La Fiscalía reclama para el grupo penas que suman 48 años y cuatro meses de cárcel, además del abono de 633.500 euros entre multas e indemnizaciones, al considerarlos responsables de delitos de recaptación, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.
La mujer señalada como jefa de la red y principal beneficiaria del entramado afronta la mayor parte de la petición: 22 años y cuatro meses de prisión, una multa de 413.500 euros y una indemnización de 20.000 euros.
El escrito del Ministerio Público sitúa los hechos entre 2014 y 2019. Una de las actividades centrales de la organización consistía en localizar en Colombia a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad y convencerlas con engaños para que volaran a Mallorca.
Una vez en la isla, las víctimas asumían una “servidumbre por deudas” con los procesados, que las forzaban a prostituirse en condiciones “cercanas a la esclavitud”. Debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, y no recibían ninguna contraprestación económica, ya que todo se destinaba a saldar la supuesta deuda.
Durante al menos dos meses permanecieron en esa situación, hacinadas en una única habitación de un piso de Palma y obligadas a consumir cocaína, siempre según el relato de la acusación.
Esta es la realidad que, de acuerdo con el fiscal, sufrieron las dos mujeres que figuran como testigos protegidos en el procedimiento.
A principios de 2019, las jóvenes intentaron viajar desde Colombia hasta Mallorca bajo engaño, simulando un viaje turístico. Sin embargo, fueron detectadas en un control fronterizo en Alemania y deportadas de nuevo a su país de origen.
La cabecilla de la trama --formada por cinco mujeres y un hombre--, a través de otra de las acusadas, les comunicó que habían contraído una deuda de ocho millones de pesos y que, si no devolvían esa cantidad, las “mandaría a cobrar”, una expresión que en Colombia equivale a “matar”.
Intimidadas por las amenazas, las víctimas emprendieron un segundo viaje a Mallorca, donde finalmente fueron explotadas sexualmente por los miembros de la organización, según la acusación.
El resto de procesados asumía distintas funciones: captar a las mujeres, administrar el piso donde eran prostituidas, suministrar las drogas o controlar y vigilar a las víctimas.
Blanqueo de capitales mediante librerías ficticias
Paralelamente a la explotación sexual, la supuesta líder de la banda desarrollaba otras actividades ilícitas para incrementar sus beneficios y dar apariencia legal al dinero obtenido.
Por un lado, regentaba una tienda de compra de oro donde adquiría objetos robados por terceros y los revendía, obteniendo alrededor de 300.661 euros. En el registro del local, los investigadores hallaron joyas de oro, relojes Rolex, gafas de sol y bolsos de diseño.
Por otro lado, creó dos sociedades sin actividad real, Librería Mallorca y Librería Menorca, con las que dio de alta datáfonos y terminales de punto de venta vinculados a sus cuentas bancarias.
Mediante este sistema, entre 2015 y 2019 blanqueó aproximadamente 516.411 euros procedentes de la explotación sexual de las dos víctimas. Además, abonó en efectivo la reforma de varios inmuebles, incrementando su valor, amortizando préstamos hipotecarios y adquiriendo otros seis bienes en Palma.
Con este mecanismo, detalla el fiscal, la acusada logró “limpiar” en torno a 191.000 euros, de los que 172.000 se reinvirtieron en el mercado ilícito a través de la compra de dichos inmuebles. En estas operaciones contó con la colaboración de su madre, también procesada, que habría obtenido 91.044 euros.