La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha impuesto este miércoles, 21 de enero, una pena de seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a tres trabajadoras de una sala de ocio de la capital andaluza en la que “se ejercía la prostitución por un número indeterminado y rotatorio de mujeres”. Según la resolución, las acusadas efectuaron cargos no consentidos en “las tarjetas bancarias de clientes que se encontraban en un estado de semiinconsciencia a causa de sustancias indeterminadas que previamente hubieran ingerido en compañía de alguna de las mujeres que trabajaban en el local y cuyos servicios habían solicitado, obteniendo el pin de las tarjetas gracias a los pagos previos que se habían realizado voluntariamente por los perjudicados”.
No obstante, las tres encausadas han resultado absueltas del presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y del delito de robo con violencia que se les atribuía en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, consultado por Europa Press. El representante del Ministerio Público explicó en la vista que “no consta quien fue el responsable de administrar presuntamente sustancias indeterminadas a los afectados” ni que dichas sustancias “estuviesen destinadas al tráfico ilícito”.
Tras la negociación entre acusación y defensas, las procesadas aceptaron la pena fijada. El acuerdo incluye la apreciación de la atenuante cualificada de dilaciones indebidas, al constatarse un retraso relevante en la tramitación y celebración del juicio que no guarda relación con la conducta de las investigadas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el tribunal ha establecido que las condenadas deberán resarcir a los perjudicados con cantidades que alcanzan algo más de 7.000 euros, compromiso de pago que todas han asumido ante la Sala.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que tuvo acceso esta agencia, los hechos se produjeron en distintos momentos de los años 2012 y 2013 siguiendo siempre un mismo esquema. De este modo, una vez que las acusadas tenían las tarjetas de los clientes “en su poder” y estos se hallaban en muchos casos en situación de “semiinconsciencia” tras haber consumido bebidas en las que se había vertido con anterioridad “sustancias indeterminadas”, procedían a intentar efectuar “diversos cargos”, sin autorización, por importes que oscilaban entre mil y 7.000 euros.
Los clientes afectados advirtieron días después, conforme recoge el mismo documento, que sus tarjetas reflejaban “cargos no autorizados”. En algunos supuestos, las víctimas fueron “localizadas por sus familias en un estado de desorientación” y, tras un análisis realizado al día siguiente, en uno de ellos se detectaron “restos de alprazolam, ibuprofeno, cocaína y MDMA”.