El Senado permite que el Tribunal Supremo procese a un senador de Coalición Canaria por perjurio

En una sesión plenaria celebrada el miércoles, el Senado ha dado su consentimiento unánime para que el Tribunal Supremo (TS) procese a Pedro Manuel Sanginés, senador de Coalición Canaria y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, acusado de falso testimonio y/o acusación y denuncia falsa, tal como indicaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

Con esta decisión, la Cámara completa acordó retirar la inmunidad parlamentaria del senador, permitiendo así que el Supremo inicie los trámites judiciales pertinentes.

Pedro Manuel Sanginés remitió un documento al presidente de la Comisión de Suplicatorios, según pudo saber Europa Press, en el que declara completado el procedimiento de audiencia, expresando su “confianza” en el Estado de Derecho y su “máxima colaboración” con la Justicia para esclarecer su “inocencia” “sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal”.

Las investigaciones sobre Sanginés se remontan a 2009, cuando como presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y del Entre Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), se presentó voluntariamente en la policía para denunciar ciertas irregularidades en contrataciones que implicaban a varias personas en delitos como prevaricación y malversación, entre otros. En particular, mencionó a Carlos Espino Angulo y al empresario Antonio González Medina, ya fallecido.

La Fiscalía sostiene en su acusación que el senador denunció estas irregularidades “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma”. Aunque inicialmente se archivó la causa en abril de 2024, la Sala de lo Penal decidió reabrir el caso tras estimar un recurso de apelación presentado por la hija de González Medina.

Además, otra causa relacionada con Sanginés fue archivada el año pasado por la Sala de lo Penal del Supremo, que investigaba delitos de prevaricación y fraude, entre otros. Este caso fue devuelto al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife para continuar investigando a personas no aforadas en relación con la contratación irregular de un abogado.