El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha impuesto una condena de tres años y seis meses de cárcel a un individuo por cometer un delito de atentado contra la autoridad, tras amenazar con un cuchillo a un médico en un centro de salud de Isla Cristina. Además, el condenado deberá sufragar las costas procesales.
De acuerdo con un comunicado del Colegio de Médicos, su departamento legal representó al médico afectado en el juicio. El incidente se produjo aproximadamente a las 06,20 horas del 2 de noviembre de 2025, cuando el hombre llegó al centro médico de guardia, que se encontraba prácticamente vacío en ese momento. El hombre alegó que alguien le había sustraído su medicación ansiolítica y solicitó al médico que se la repusiera.
Tras la negativa del médico, quien verificó que la medicación había sido dispensada dos días antes, el acusado extrajo un cuchillo de mango rojo de su mochila y lo agitó en dirección al médico hasta en dos ocasiones. El altercado ocurrió fuera del consultorio, en un área que conecta las urgencias con la sala de espera, lo que permitió al médico mantener una distancia segura. Durante el incidente, el hombre exclamó que “no llamase a la Guardia Civil y que le iba a esperar fuera cuando terminara su turno de trabajo”.
Un celador presente narró que, al percibir el peligro, se apartó discretamente para alertar a la Guardia Civil, que llegó en breve y detuvo al hombre, encontrando el cuchillo en su mochila. Este fue posteriormente ingresado en prisión preventiva.
La sentencia confirmó que el acusado mostró el cuchillo y amenazó al médico. La jueza también tomó en cuenta los antecedentes del acusado, quien ya había sido condenado por similares delitos en otras provincias. No se hallaron pruebas de un trastorno mental que justificase un atenuante en su conducta, por lo que seguirá en prisión.
La Fiscalía y la acusación del Colegio de Médicos habían solicitado una pena mayor, mientras que la defensa pedía la absolución del acusado. Sin embargo, el testimonio del médico, respaldado por el del celador y un agente de la Guardia Civil, fue determinante para la decisión judicial.