El representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, ha declarado que no se entregará al Ministerio de Justicia el ‘listado verificado’ solicitado sobre los jueces y fiscales que se sumaron a la huelga de julio pasado, dado que esto podría implicar responsabilidades penales para los convocantes.
‘¿Cómo vamos a suministrar al Ministerio el listado de los que participaron en la huelga? Podíamos haber tenido responsabilidades penales si hubiésemos trasladado un listado’, expresó Oliva en una entrevista con Europa Press.
El requerimiento se dio a conocer el 1 de agosto, cuando el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, pidió a las asociaciones responsables de la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio, que proporcionaran los nombres de los profesionales que no asistieron a sus puestos de trabajo para hacer una deducción en sus salarios.
Oliva tilda la solicitud de ‘absurda en términos jurídicos’ y subraya que desde el comité de huelga se ha decidido no responder al Ministerio. ‘Ningún huelguista tiene obligación de informar’ sobre su participación, lamentó, criticando la demanda de Justicia por esta información.
Él explicó que durante la huelga, el comité solo pidió a los colegas que comunicaran voluntariamente su participación para tener una ‘orientación’ sobre el seguimiento de la convocatoria. ‘Una vez finalizada la jornada de huelga, esos correos se eliminaron’, subrayó, reiterando que cualquier otro uso de la información podría acarrear ‘responsabilidades penales’.
Además, Oliva recordó que el comité no actúa como ‘empleador/pagador como parecía desprenderse del texto que publicó el Ministerio’. Comentó que Justicia podría haber hecho los descuentos correspondientes a los salarios de los huelguistas, pero optó por no hacerlo porque ‘le salía más a cuento explotar un relato que enfrentarse a la verdad’.
‘Si hay una cosa que ha quedado clara es que en el actual Gobierno son los reyes del relato. (…) No podemos vencer el aparato mediático del Gobierno. Tenemos que abrazar la verdad’, afirmó.
‘ESTARÍA BIEN QUE JUSTICIA ESCUCHASE NUESTRAS QUEJAS’
Oliva ha lamentado que el equipo de Félix Bolaños aún no haya establecido un calendario de negociación. ‘El Ministerio no nos llamó en ninguno de los tres días de huelga’, declaró, expresando su deseo de que se establezca algún tipo de contacto para ‘mejorar la ley en el trámite parlamentario’.
‘Entendemos que la ley, como está, tiene sombras. Creemos que estaría bien que Justicia escuchase de manera real nuestras quejas’, señaló. Según Oliva, la reforma que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal ‘es en sí mala’, aunque reconoce que tiene ‘alguna luz’, como el blindaje a las becas para opositores.
Considera que el aspecto más negativo de la ley es el proceso de estabilización de unos mil jueces ‘que van a entrar sin las exigencias fijadas hasta ahora’. Esto, en opinión de Oliva, ‘es perjudicial no solo para el resto de opositores’, sino también para los ciudadanos.
En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ve ‘perjudicial’ que se otorgue ‘mayor poder’ al fiscal general sin un contrapeso en la institución, especialmente si las causas penales dejan de ser responsabilidad de los jueces y pasan a los fiscales.
Preguntado sobre si hay algún aspecto de las reformas en el que estaría dispuesto a ceder, prefirió no pronunciarse. Oliva mencionó que el comité de huelga está formado por varias asociaciones y que para la negociación necesitan ser ‘una sola voz’.
Ha reiterado su deseo de que el Ministerio se siente con ‘todas’ las asociaciones, incluso con las que no participaron en la huelga –Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)– para mejorar las reformas.
‘NO HAY JUECES SUFICIENTES’
Para Oliva, el sistema judicial enfrenta varias necesidades ‘urgentes’. ‘Con un aumento cada año de la litigiosidad, es evidente que no hay el número de jueces suficientes para dar una justicia de calidad y en un tiempo lógico’, argumentó. Esta situación, según él, afecta no solo a los ciudadanos sino también a ‘la salud laboral de 5.500 jueces en España’.
Preguntado sobre si ‘la mayor transformación de la justicia en décadas’ que lidera Bolaños ayuda a resolver estas necesidades, Oliva mostró escepticismo. ‘Esa transformación supongo que se referirá a la ley de eficiencia, que tiene diferentes tiempos de aplicación y fases de entrada en vigor (…) Lo que se está produciendo ahora es un caos (…) Poco a poco supongo que se va a ir reordenando de manera natural, pero ahora mismo es mayor el caos’, explicó.
GARCÍA ORTIZ ‘MANTIENE TODAS SUS COMPETENCIAS’
Oliva también se refirió al hecho de que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, asista al acto de apertura del año judicial a pesar de estar procesado por un delito de revelación de secretos. Aunque considera que esta situación no es normal, destacó que ‘desde el punto de vista legal’ el jefe del Ministerio Público ‘mantiene todas sus competencias’. En este sentido, subrayó que el procesamiento de García Ortiz ‘no implica su cese ni la suspensión de funciones’, pero opinó que ‘la imagen de la institución se ve dañada cuando quien la encabeza afronta un procedimiento judicial’.
VE ‘NORMAL’ QUEJAS SOBRE LOS JUECES
Oliva también consideró ‘normal’ que Bolaños haya presentado una queja ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por el interrogatorio que le practicó en el ‘caso Begoña Gómez’, así como la queja de la exconsejera Salomé Pradas contra la juez que la investiga en la causa de la dana. Recordó que ‘toda persona inmersa en un procedimiento judicial tiene la posibilidad de elevar queja ante el CGPJ si entiende que la labor del juez puede ser constitutiva de una infracción disciplinaria’. ‘Esto es muy normal, hay cientos de quejas anuales’, apuntó; y defendió que estas se tramitan con ‘profesionalidad’. ‘Tengo plena confianza en el promotor y en el CGPJ’, añadió.
LAMENTA LA PERCEPCIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA
Sobre la gestión del actual CGPJ en su primer año de andadura, Oliva celebró que la presidenta del órgano, Isabel Perelló, defendiera a los jueces en varias ocasiones ante los ataques de políticos o poderes del Estado. ‘Ahora bien, en la función más vital, que eran los nombramientos discrecionales, ha sido la crónica de un fracaso o un drama anunciado: el reparto de cromos entre dos asociaciones judiciales’, comentó, refiriéndose a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y JJpD. Denunció que el ‘sesgo asociativo’ ha ‘primado por encima del mérito y la capacidad’ en más de 100 nombramientos.
Finalmente, defendió la labor de todos los jueces y lamentó que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi el 80% de los ciudadanos considere que la justicia no siempre es imparcial en las causas que afectan a partidos políticos. No obstante, reconoció que ‘esa percepción es absolutamente comprensible’. ‘Si dos partidos llevan 40 años repartiéndose los vocales del CGPJ que nombran a los jueces de los altos tribunales que van a enjuiciar los casos políticos, cómo no van a pensar que puede haber una influencia real o ficticia’, señaló. Así, defendió que ‘la solución’ para acabar con esa ‘apariencia de falta de independencia’ es cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ.