La Audiencia Provincial de Toledo evaluará el caso de seis personas acusadas de explotación sexual, durante las sesiones del 10 y 11 de septiembre. Los acusados, identificados como O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L y J.A.F.M., enfrentan cargos por haber trasladado desde Colombia a España a siete individuos con el objetivo de explotarlos sexualmente, por lo que se les podría imponer una pena de doce años y medio de cárcel.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, O.O.O.R. y A.K.P.N., pareja sentimental, planificaron y ejecutaron con la ayuda de J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R., un esquema para beneficiarse económicamente de la prostitución de jóvenes, principalmente originarias de La Virginia, Colombia. J.J.R., residenciado en La Virginia, contactó con una amiga, identificada como B., para ofrecerle venir a España y trabajar como prostituta ante la difícil situación económica de su familia.
El plan incluía cubrir los costes de viaje de B., proporcionándole un pasaporte, billetes de avión, reservas de hotel y 1.000 euros en efectivo para simular solvencia económica. A cambio, B. debía pagar a O.O.O.R. 3.000 euros con las ganancias de su trabajo en la prostitución, suma considerablemente mayor a los gastos iniciales.
Las víctimas, además de B., eran C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales tuvieron que ingresar a España a través de Francia y Alemania para evitar los controles de inmigración. Trabajaron en varios lugares, incluyendo Toledo, Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras, y fueron instruidas sobre cómo promocionar sus servicios. También se les exigía transferir dinero desde locutorios y participar en la venta de cocaína a clientes, bajo la dirección de O.O.O.R., quien aseguraba el suministro de la droga.
El 8 de diciembre de 2019, B. denunció su situación en la Comisaría Provincial de Policía en Toledo, lo que llevó a una investigación y posteriormente a registros y detenciones el 10 de marzo de 2020. Durante los registros, se encontró cocaína y dinero, consolidando las pruebas contra los acusados. La Fiscalía solicita penas que suman siete años por trata de personas, un año por delitos contra extranjeros y cuatro años y medio por delitos contra la salud pública.