QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Provincial de Ciudad Real se prepara para procesar a siete individuos la próxima semana, entre el 14 y el 17 de octubre, acusados de formar parte de una organización dedicada a la trata de personas y la prostitución forzada, así como a infracciones contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El Ministerio Fiscal ha solicitado para B.N.A.C. y J.R.A., los dos principales implicados, una pena de 39 años de prisión para cada uno, aunque la pena máxima a cumplir se limitaría a 18 años, según lo dispuesto en el artículo 76.1 del Código Penal.
De acuerdo con la acusación, esta pareja de origen español y sentimentalmente vinculada, atrajo a nueve mujeres desde Colombia, explotando su vulnerabilidad y prometiéndoles trabajo o la libertad para prostituirse en España. Al llegar, estas mujeres eran forzadas a ofrecer servicios sexuales todo el día, estando restringidas en su movilidad y constantemente vigiladas por los acusados.
Las afectadas fueron trasladadas a domicilios en Valdepeñas y Motril para ser explotadas sexualmente a fin de liquidar una deuda inexistente de 4.000 euros, relacionada con el viaje y la documentación. Los acusados retenían la mitad de las ganancias y les vendían preservativos, lubricantes, medicamentos para el rendimiento sexual y cocaína, también ofrecida a los clientes.
En el transcurso de la investigación, las autoridades incautaron más de 9.000 euros, libretas de anotaciones, móviles y cientos de preservativos, además de medicamentos para mejorar el rendimiento sexual.
El fiscal ha acusado a los cabecillas de tres delitos de trata de personas combinados con tres delitos de prostitución forzada, otros seis de prostitución, dos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro más de la misma índole y un delito contra la salud pública, por la distribución de cocaína y fármacos sexuales entre las víctimas y los clientes.
Además de los cabecillas, están acusadas otras cinco personas, incluyendo a la hija de la acusada principal, quien supervisaba la residencia de Motril, y a otros individuos encargados de la vigilancia y administración de los servicios. El fiscal también ha pedido 12 años de cárcel para M.N.A., 10,5 años para R.A.G.A. y penas menores para los otros implicados, además de indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de las tres principales víctimas.
