En un reciente encuentro judicial, la defensa de Begoña Gómez, junto con la de su asesora Cristina Álvarez y la del empresario Juan Carlos Barrabés, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el archivo de la causa en la que se les investiga por múltiples delitos, como tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por otro lado, representantes de acusaciones populares han pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preste declaración como testigo en el caso principal.
Según fuentes legales consultadas por Europa Press, esta petición se realizó en una audiencia celebrada esta tarde, donde se notificó a los acusados que, de proceder a juicio, serían evaluados por un jurado popular. Tanto Álvarez como Barrabés, apoyados por la Fiscalía, han buscado el cierre de la investigación que comenzó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias.
El juez Peinado ha ampliado las investigaciones tras recibir una nueva querella de Vox sobre irregularidades en el registro de un ‘software’ de una cátedra en la UCM, co-dirigida por Gómez, atribuyéndole delitos de apropiación indebida de marca e intrusismo. Además, las acusaciones, lideradas por Hazte Oír, han solicitado la testificación de Sánchez en relación con este ‘software’, marcando la segunda ocasión en que se busca su declaración.
El juez ha indicado en decisiones previas que las actividades de Gómez, relacionadas con su vínculo familiar con Sánchez, son clave para determinar la posible existencia de tráfico de influencias. La sesión se ha extendido por más de tres horas y se ha llevado a cabo sin la presencia física de los acusados, quienes han sido representados por sus abogados, basándose en normativas que no consideran indispensable su presencia en este tipo de procedimientos.