Solicitan a la Audiencia de Madrid detener la imputación por malversación de la asesora de Begoña Gómez

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputarle un delito de malversación relacionado con su posición en la Presidencia del Gobierno.

Mediante un recurso directo de apelación, al cual Europa Press ha tenido acceso, demanda que se «deje sin efecto» su imputación en el proceso que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Su representante legal, el abogado José María de Pablo, argumenta que no se le puede acusar de malversación solo por haber enviado correos electrónicos en su rol de asesora de Begoña Gómez.

«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», expone.

Además, resalta que la acción del juez Peinado contradice a la del Tribunal Supremo, que negó iniciar un procedimiento contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el nombramiento de Álvarez.

«Esta defensa es consciente de que el auto del Tribunal Supremo solo analiza la posición del señor Bolaños, y no la de mi mandante, por lo que su incidencia en este recurso no es tan palmaria como la de las resoluciones de la Audiencia Provincial y el Juzgado de Instrucción», indica.

Por otro lado, menciona que la decisión también «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye».

Asimismo, denuncia que Peinado «contradice» su propia postura anterior, pues había descartado investigar a Álvarez y Gómez por malversación el mismo día que imputó el delito al delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín Aguirre, por los mismos hechos.

En cuanto a las funciones de Álvarez, su abogado defiende que «prestó las funciones para las que estaba contratada» y que es «disparatado pensar que la remisión de tres emails de carácter privado en un plazo de siete años le hayan impedido cumplir con sus obligaciones, sin que exista queja o incidencia alguna sobre su desempeño en estos años».

«¿Tan difícil es entender que la esposa del Presidente del Gobierno también necesita equipo de escoltas y coordinación de seguridad cuando acude a reuniones privadas o profesionales, ya sea una reunión en el colegio de sus hijas, o en la Universidad Complutense, y que eso obliga a mi patrocinada a estar al tanto también de esas actividades y coordinar la seguridad y protocolo, e incluso asistir, en esos eventos?», cuestiona la defensa.